La comunidad, ubicada a 55 kilómetros de la carretera que conecta Pozo Colorado (Chaco paraguayo) y Concepción (norte), carece de vías de acceso, por lo que sus integrantes deben atravesar caminos privados de las fincas ganaderas de los alrededores para entrar o salir de su aldea, explicó Tierraviva en un comunicado.

La situación se ha agravado con las recientes inundaciones en la zona, que han provocado el desborde de varios riachuelos y han dejado aislada a la comunidad “en angustia y desconsuelo”, según la ONG.

“Tenemos 24.000 hectáreas de tierra, sin embargo estamos muriendo en aislamiento”, declaró el líder de la comunidad, Rosalino Moreira, que viajó a Asunción para exponer la situación de su comunidad a diversas autoridades, pero no logró que le recibieran.

Moreira afirmó que los problemas en su comunidad se están agudizando, ante la desesperación por la falta de alimentos y el brote de enfermedades que requieren intervención inmediata.

Sin embargo, las autoridades paraguayas “han puesto todo tipo de excusas para la omisión de auxilio” a la comunidad, según Tierraviva, y los pobladores se han visto obligados a presentar amparos judiciales para conseguir atención en casos de emergencia.

En la última ocasión, solicitaron el traslado de un adolescente de 13 años que padece tuberculosis y meningitis, y que se encuentra internado en un hospital a 30 kilómetros de Asunción, en estado de coma.

En este caso, las autoridades intervinieron para trasladar al joven, pero no regresaron para realizar controles al resto de los pobladores, pese al elevado riesgo de contagio de estas enfermedades.

“La comunidad Buena Vista necesita de una intervención estatal urgente e integral, un abordaje interdisciplinario, con planificación y ejecución perdurable en el tiempo, de modo que sea posible una restauración de las condiciones de vida de las personas y la promoción de un desarrollo pleno de la comunidad”, concluye Tierraviva.

La organización responsabiliza de estas condiciones al Estado paraguayo, y advierte de que tomará las medidas judiciales que correspondan para obtener una respuesta inmediata de las autoridades.

Las comunidades indígenas son, junto con las personas privadas de su libertad y los niños, uno de los grupos que mayor riesgo enfrenta de contraer tuberculosis en el país, según el Ministerio de Salud Pública.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.