Con 135 hectáreas para 300 familias desactivan uno de los focos de tensión campesina
El Gobierno Nacional acordó este martes con los campesinos acampados frente al edificio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), la entrega de una propiedad de 135 hectáreas en el departamento de Itapúa, para que se reubiquen en los próximos dos meses.
Se trata de una solución alternativa a la petición original de los agricultores, que reclamaban la concesión de la propiedad de las 150 hectáreas del Asentamiento Campesino Rigoberto Algarín (ACRA), ubicado en un unas instalaciones militares en las que vivieron durante años.
Sin embargo, el Indert informó a través de un comunicado de que no era posible aceptar esa solicitud ya que “se debe respetar la franja de seguridad”, debido a que la zona se encuentra junto a la pista de aviación de la Base Aviadores del Chaco.
El acuerdo permitirá que las cerca de 300 familias instaladas frente a este edificio del centro de Asunción puedan desmontar las carpas en las que permanecieron las últimas tres semanas para exigir la propiedad de las tierras.
Las familias de agricultores exigieron la legalización del asentamiento para que puedan llegar hasta allí servicios públicos como el agua potable o la sanidad.
El convenio fue el resultado de un pacto a tres bandas entre las asociaciones de campesinos, el Indert y el Ministerio de Defensa Nacional, que cederá la propiedad de las hectáreas que finalmente se entregarán a los agricultores.
Además de las tierras de Itapúa, el Ministerio de Defensa también entregará otra propiedad de 189 hectáreas ubicada en la localidad de Remansito, en el departamento de Presidente Hayes.
El ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto, y el titular del Indert, Horacio Torres, escenificaron hoy el acuerdo con una firma de documentos.
Como parte de la colaboración, el Instituto de Desarrollo Rural se compromete a facilitar a Defensa “los trámites necesarios para la regularización y transferencia” de 30 inmuebles de dependencias militares que están asentados en tierras fiscales.
Ajustes a la Ley APP permitirán impulsar modernización del Silvio Pettirossi
La aprobación de las modificaciones a la Ley de Alianza Público-Privada (APP) contribuirá de manera positiva a impulsar diversos proyectos, entre ellos la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), comentó que la aprobación del proyecto que modifica la Ley APP permitirá dar mayor dinamismo a las intenciones de inversión hacia Paraguay.
Sobre el beneficio para el sector aeronáutico, destacó la relevancia para impulsar la ansiada modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que está próximo a cumplir 44 años de existencia.
Te puede interesar: Diputados sancionan proyecto que modifica la Ley para las alianzas público-privada
“Tenemos tres o cuatro años más en esta estación, entonces el trabajo aquí es arduo. Tenemos que ir actualizándonos constantemente”, afirmó en entrevista con el canal GEN.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de pasajeros que utilizan esta terminal aérea (ya en camino a superar un nuevo récord) y la necesidad de adecuarse a los estándares internacionales, hoy día precisa de una serie de mejoras, admitió Mendoza.
Leé también: Paraguay tiene a su primer ingeniero aeroespacial
A la par, también se proyecta la construcción de un nuevo aeropuerto dentro de unos años, para lo cual la Ley APP podría ser de gran utilidad al permitir alianzas entre el sector público y privado.
Las modificaciones introducidas por el Congreso a la Ley de Alianza Público-Privada (APP) contemplan aspectos cruciales, como el aumento de la participación estatal hasta un 25% en proyectos de infraestructura, así como la posibilidad de incluir a las municipalidades.
Convenio con la Usaid: “Un enjuague de 50 palos para las mismas ONG”, dice Leite
El presidente Donald Trump ordenó suspender por 90 días todos los programas de Estados Unidos para la asistencia extranjera, entre ellos, Usaid, a fin de hacer una auditoría. El senador Gustavo Leite adelantó lo que encontrarán en esa revisión.
Una de las cooperaciones extranjeras con que cuenta Paraguay, pero que ahora está en pausa por orden del nuevo Gobierno de los Estados Unidos es la de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
La interrupción por 90 días será para una auditoría administrativa y una revisión que confirme que la asistencia cumple con los objetivos políticos de Estados Unidos.
Al respecto, el senador Gustavo Leite vaticinó los probables resultados de ese control:
Que las contrataciones se hicieron por encima del precio de mercado
No hubo concursos públicos para las contrataciones en determinadas áreas
No contrataron a las ONG incipientes como establece el tratado
“Eso quiere decir que no se contrató a las ONG más nueva, fue un enjuague de 50 palos para las mismas ONG de siempre”, afirmo Leite, en una entrevista con la 730 AM. Los 50 millones de dólares hacen alusión al convenio firmado en septiembre del 2020.
Violación de la ley de información pública, bajo el argumento de una confidencialidad que no está contemplada en ningún tratad, agregó.
El 60 % del dinero fue a sueldos para resultados vagos sobre proyectos como “disminuir la cultura de la corrupción”, apuntó.
Para Leite, las cooperaciones son buenas, solamente cuando representan una utilidad directa para la población paraguaya, pues, de nada sirve que una ONG reciba 2 millones de dólares para combatir la impunidad y que luego distribuya el dinero entre “los perros”.
Incendios arrasan con más de 65.000 hectáreas desde enero
El 100% de las quemas registradas en el país son ilegales, agravando una crisis ambiental que ya ha afectado más de 65.000 hectáreas este año. Las actividades clandestinas continúan devastando bosques y desplazando fauna en distintas regiones.
Al respecto, Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), indicó que desde el 1 de enero, más de 65.000 hectáreas de tierra fueron afectadas por incendios forestales en el país.
Detalló que la cifra, correspondiente hasta el 22 de enero a las 18 horas, incluye una reciente serie de focos de incendio que impactaron la zona de Ypacarai, aunque aún no refleja el reporte completo de este evento.
“Tenemos siete distritos gravemente afectados, entre ellos Caraguatay, el área más afectada. En general, la región oriental está viendo incendios en áreas de bosques y humedales, mientras que en la región occidental, el Chaco se trata más de quemas controladas para la limpieza de campos y la renovación de pastizales,” explicó Goralewski en entrevista con GEN/Nación Media.
A pesar de que la quema controlada está prohibida en todo el país debido a las condiciones climáticas desfavorables, como la alta temperatura y los vientos, en la región occidental persisten las quemas ilegales para fines agrícolas. “Estas quemas son ilegales. El 100% de los incendios en Paraguay son producto de actividades no autorizadas,” enfatizó la presidenta del INFONA.
En la zona de Ypacaraí, el incendio de ayer fue particularmente impactante, afectando áreas cercanas a propiedades privadas y caminos.
Sobre ese punto, pese que inicialmente se barajó la posibilidad de que el fuego fuera causado por la intensa radiación solar que provocó el encendido de botellas y vidrio acumulado, Goralewski señaló que no hay registros oficiales de incendios originados de esta forma. También mencionó la presencia de cazadores furtivos en la zona, lo que podría haber llevado a incendios provocados por esta actividad ilegal.
Los animales de la fauna silvestre también sufren las consecuencias de estos incendios. Un emotivo video que circuló ayer mostraba un carpincho escapando de las llamas en la zona de Ypacarai, un recordatorio de cómo estos incendios afectan gravemente a la biodiversidad.
“Es común ver animales desplazándose en busca de refugio. Esto muestra cómo la fauna silvestre también se ve perjudicada,” comentó Goralewski.
Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, destacando que las quemas ilegales no solo son un grave daño al medio ambiente, sino que también ponen en riesgo la vida y el bienestar de las personas, la fauna y los recursos naturales del país.