El presidente de Petropar, Eddie Jara, destacó que la disminución de los precios de los distintos tipos de combustibles en 600 guaraníes fue posible mediante las acciones urgentes y rápidas que fueron encomendadas por el presidente Santiago Peña.

“Estas acciones se pudieron haber hecho anteriormente”, respondió en conferencia de prensa ante la consulta sobre si en el Gobierno anterior ya se podía haber disminuido la tarifa de los hidrocarburos.

Jara detalló que esta disminución se podría mantener hasta los primeros 100 días. “No se sorprenden que el mes que viene volvamos a bajar más, porque así sostienen los expertos, que podría bajar más el precio en septiembre”, indicó.

Consultado sobre cómo el Gobierno de Peña, en solo una semana de haber asumido, puede cumplir con uno de los grandes pedidos de la ciudadanía, la autoridad de la petrolera detalló que se adoptaron medidas administrativas que posibilitaron reducir costos. En ese sentido, el nuevo Gobierno consiguió un ahorro de 8.000 millones de guaraníes solo al hacer reajustes en los gastos, y en 4 millones de dólares por las compras oportunas de los productos.

“Nosotros estamos trabajando hace más de un mes en esto, no es que esperamos al 16 de agosto para analizar, teníamos los datos y empezamos a contactar con los proveedores, viajamos al exterior y conseguimos importantes ahorros en las compras que hicimos. Creo que cualquiera pudo haber hecho esto, (…) apretamos el torniquete lo más que pudimos”, dijo.

Otra de las medidas fue una desvinculación importante del personal de la institución pública. Al respecto, Jara adelantó que ya hay más de 500 personas desvinculadas, de las cuales muchas ingresaron con contratos tercerizados y otras sin concurso. “Es como tener personal para una segunda planta. Estamos hablando 3.500 millones de guaraníes (ahorrados) solo en ese ítem. Estamos tratando de entender qué hacían. Vemos que muchos operativos subieron a cargos gerenciales y los cargos vacantes eran ocupados por personas tercerizadas. Estamos sacando ahora a los tercerizados y a los que ingresaron sin concurso”, precisó a la radio Monumental.

“Los niveles que encontré me sorprendieron bastante, se duplicó el costo operativo”, expuso sobre la caótica situación administrativa de la petrolera estatal. Petropar estaba funcionando con 1.200 personas, entre personal contratado, permanente y tercerizado, cuando en la práctica puede estar operativo con solo el 40% de esa cifra de trabajadores, de acuerdo con el entrevistado. No obstante, reconoció que por cuestiones de derechos laborales no pueden realizar una drástica reducción del plantel.

Por otro lado, Jara destacó que en la administración de Mario Abdo se esfumaron casi US$ 200 millones de Petropar que había dejado el Gobierno de Horacio Cartes para el pago a PDVSA. “Necesitamos entender lo que pasó, no es una persecución, de modo a saber cómo actuar de cara a futuro. Definitivamente no está el dinero, no se puede ocultar una plata tan grande, estamos investigando cuál fue el destino”, dijo al momento de aclarar que todo dependerá de los resultados para judicializar o no lo ocurrido con esta “desaparición” de dinero.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.