FUENTE: LA NACIÓN

Por Rossana Escobar M. y Freddy Aguilera

Armado: Francisco Quiñónez

Y para quedarse con la titularidad de la que­rella, Duarte Caca­velos intenta dejar de lado a la heredera de la víctima, la hija menor de Rodrigo Quintana, quien debería ser la prioridad en un eventual juicio. La niña está representada por los abogados Ana Mora y Fabián Ramírez Mora.

Duarte Cacavelos desde un principio ha recibido ayuda, primeramente de la Fiscalía, de su amiga íntima Marlene González, quien había pedido la sanción de Ramírez Mora, supuestamente por dilatar el proceso. Pero lo llama­tiva de esta situación, es que la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, integrada por Bibiana Benítez, José Agus­tín Fernández y Delio Vera Navarro, había cancelado la personería jurídica de Ana Mora, para que los miem­bros lleven el caso y apartar­los a los representantes de la heredera del proceso.

Cuando los abogados de la hija de Quintana piden que se esclarezca el hecho del cri­men del joven dirigente liberal y que se haga justicia, poco le importa al otro abogado de la querella, quien se aferra a pre­sentar a Efraín Alegre, como el blanco de ese “ataque” poli­cial, del cual habla. Es más, en la acusación se menciona que “la bala no era para Rodrigo, la bala era para Efraín Alegre”.

Actualmente, el caso está paralizado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia, que deberá primero resol­ver sobre la personería jurí­dica de Ana Mora, y además de la recusación del Tribu­nal de Apelaciones, Segunda Sala, que favorece a Duarte Cacavelos.

Sospechosa familiaridad del suboficial Báez con los liberales

El suboficial Arnaldo Andrés Báez se pasea con el ex intendente de Santa Elena, Carlos Agustín Balbuena. Al parecer, Báez tenía varios “conocidos” en el PLRA lo que puede explicar por qué no delató las movidas de CPU en el primer piso del edificio donde estuvo “detenido”.

El suboficial Arnaldo Andrés Báez ingresó a la par, codo a codo, con su camarada Gustavo Florentín, al local del PLRA el 1 de abril del 2017, pero se hizo pasar por detenido y no comentó una sola palabra al Ministerio Público sobre los sospechosos movimientos realizados en la oficina de Efraín Alegre. Él fue testigo de las movidas de la CPU por parte de Stiben Patrón y el hijo del presidente del partido.

Con todas las escenas en la que aparece el mencionado suboficial se le observa una familiaridad con los libe­rales, pese a que algunos lo habían tomado y sacado sus armas. Fue así que alrededor de las 00:35 fue tomado por adherentes cuando intentaba ganar la calle. Báez admitió que en ese momento entregó su escopeta al suboficial Juan Ramón Garcete.

Esa madrugada, Báez tuvo tiempo de ir hasta la oficina de guardia de la Coman­dancia de la Policía Nacio­nal, donde tomó un sorbo de tereré con los camara­das, tenía su escopeta, para luego regresar hasta el local del partido y quedarse en la oficina de Efraín Alegre, en el primer piso.

Báez tuvo aliados dentro del partido, primero su cama­rada Juan Ramón Garcete, a quien le dio su escopeta, y César Agustín Balbuena, el ex intendente de la ciudad cor­dillerana de Santa Elena, de donde es oriundo el mencio­nado suboficial.

Balbuena aparece en varios pasajes y en varias dependen­cias del local liberal, inclusive hablando con Báez. Cuando este último se encontraba en la comi­saría de Santa Elena, el otro era intendente (2010-2015).

Se sospecha que Báez fue charlado para que testifique a favor de la causa, para que diga que Efraín era el blanco. Esto se puede deducir ya que el policía nunca testificó de los sospechosos movimientos en el primer piso, cuando los adherentes, encabezados por el hijo del líder azul cambia­ban las CPU antes que llegue la comitiva fiscal.

Actualmente, el Ministe­rio Público pidió el sobre­seimiento de Arnaldo Báez, cuando nunca su escopeta fue peritada y que en un principio era el principal sospechoso del crimen de Rodrigo Quintana.

El fiel custodio que nunca fue investigado

El suboficial Juan Ramón Garcete, custodio del diputado Eusebio Alvarenga, fue quien tomó la escopeta de Arnaldo Báez, se paseó con ella, una Maverich calibre 12. Llamativamente entregó a la fiscala una de la marca Taurus.

Cuando más se avanzaba en la visualización de las nuevas imágenes que salieron a la luz tras la muerte de Rodrigo Quintana, la figura del cus­todio del diputado Eusebio Alvarenga iba ganando pro­tagonismo, el suboficial Juan Ramón Garcete. Es quien aparece en escena pisando la vainilla que cayó de la escopeta de Arnaldo Báez, y la arrastra posteriormente.

Además, es a quien Arnaldo Báez le entrega su esco­peta calibre 12 Maverick, cuando este fue rodeado por los adherentes liberales. Cuando toma la escopeta de Báez, la guarda en el vehículo del diputado Eusebio Alva­renga. La lleva hasta la Fisca­lía, cuando el parlamentario fue a radicar la denuncia de los hechos en la sede liberal y a quien posteriormente le dice que tenía el arma de su camarada.

Garcete también llamati­vamente, pese a no ser pro­cesado, aparece en la lista de los policías cuyas esco­petas fueron peritadas. Su arma es una Taurus, cali­bre 12, pero nunca estuvo procesado. Todo indica que envió su arma al Ministerio Público para que la anali­cen en vez de la de su íntimo camarada Báez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.