Esa fuga, que el Gobierno admite que no pudo darse sin el apoyo o la complicidad de las autoridades carcelarias, evidencia también que el PCC es un poder dentro de las cárceles de Paraguay, donde además están reclutando a “soldados” locales.

El criminólogo Juan Martens dijo este miércoles a Efe que el PCC viene a ocupar el espacio que el Estado no cubre en las prisiones “en salud, comida, agua, colchones, jabones, papel higiénico”, una “desatención” aprovechada para imponer lealtades entre los reclusos.

Añadió que esa relevancia dentro de las prisiones también se logra por medio de la idea de protección que instala entre la población penal por el “de abuso, de opresión” de las autoridades, con lo que resulta en “un aliciente para que un interno pueda formar parte de ese grupo”.

Esa naturaleza de su constitución hace difícil cualquier abordaje represivo debido a que “no es piramidal, es una hermandad”, comentó Martens.

Se trata de una exportación a Paraguay del modelo del PCC en las cárceles de Brasil.

“Aunque uno no forma parte de él tiene que cumplir sus códigos”, apuntó el analista, al hacer hincapié en que pertenencia a esa facción criminal puede garantizar al reo “tener internet, teléfono, televisión, cama, alimentación y posibilidades de continuar con sus negocios”.

EL NEGOCIO

Fundado en 1993 durante una rebelión en una cárcel de Sao Paulo, el PCC expandió en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible

Su presencia en Paraguay se remonta a la década de los años 90, en especial en el fronterizo departamento de Amambay, cuya capital es la ciudad de Pedro Juan Caballero.

De acuerdo con Martens, una de las principales razones de su crecimiento en Paraguay se debe a que “es un lugar estratégico” para manejar el tráfico de cocaína, algo favorecido por el deficiente control de su tráfico aéreo.

“En Bolivia compra (la cocaína) a 800 dólares el kilo, en Paraguay llega a unos 2.000 en la frontera y si es en Sao Paulo los precios están en 8.000 y 10.000 dólares, y si llegase a Europa estaría en 50.000”, detalló.

Consideró que otro hecho que favorece su inserción es que Paraguay “es el mayor productor de marihuana de América, después de México”.

Por lo que hoy día el PCC gestiona su propia producción, transporte y venta minorista de esa hierba en las calles de Sao Paulo.

El experto sostiene que todos esos condicionantes se enmarcan en una “tradición de fugas exitosas” como las del penal del Pedro Juan Caballero, donde se cree que las autoridades locales pusieron mucho de su parte.

Ello debido a lo que el experto denominó un sistema de “cogobierno” entre los reclusos del PCC, que “toman decisiones en ciertos asuntos penitenciarios en connivencia con los administradores”.

Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.