En un comunicado publicado este jueves, el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) sentó postura respecto al proyecto de ley “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tracto camión y semirremolque y crea el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete”, que se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores.

En sus conclusiones, la comisión observa que el texto propuesto transcribe sustancialmente los términos del Decreto N° 10083/12 que había sido declarado como “inconstitucional” por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esto debido a que infringía el artículo 107 “De la libre concurrencia” de la Constitución.

Igualmente, considera que para emitir una regulación económica eficiente debe cumplirse con los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En el proyecto propuesto por los camioneros no se justifica la intervención estatal a través de una ley.

En la exposición de motivos, se observa que el proyecto “no busca la protección del interés general, sino del interés de algunos operadores del sector”, según señala la Conacom en su comunicado. Con esto existe el riesgo de que, con la intervención estatal, sean estos operadores del sector los que se sitúen en una posición de ventaja ante otros actores de la cadena de suministro, con el añadido de la reducción del nivel de competencia entre ellos.

Dentro de las conclusiones también se abordan otras consecuencias para la economía, como el aumento en los precios de bienes para el consumidor final, la reducción de la calidad y cantidad del servicio y el aumento de la informalidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión Nacional de la Competencia aconseja a la Cámara de Senadores rechazar el proyecto de ley “por ser lesivo de la libre concurrencia y libre competencia”. Así también, insta al Gobierno Nacional a iniciar un diálogo con los sectores afectados, a fin de evaluar alternativas “que no apeligren a una inconstitucionalidad y velen por el interés general”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.