CONACYT adjudica fondos para investigar uso de plasma en pacientes con COVID-19

El plasma de pacientes recuperados de COVID-19 podrá ser utilizado en aquellos casos más graves. Foto: ilustrativa.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aprobó la adjudicación del proyecto que tiene como principal objetivo el investigar la efectividad del tratamiento a pacientes con COVID-19 utilizando plasma.

En la jornada de hoy se dio a conocer la aprobación realizada por CONACYT al proyecto denominado “Terapia con plasma de convalecientes de COVID-19” a través de la Resolución N°205/2020.

La investigación recibirá un total de G. 833.886.923 en concepto de financiación para poder solventar todo lo concerniente al proceso investigativo y sus diversas etapas.

El objetivo principal es el de evaluar la efectividad del tratamiento para disminuir la mortalidad en pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios por COVID-19 y factores de riesgo epidemiológico.

Los profesionales pretenden describir las características demográficas y clínicas de los pacientes y donantes incluidos en el estudio, conocer la mortalidad hospitalaria, sus causas y el tiempo de estancia en la clínica, así como analizar la proporción de pacientes COVID-19 hospitalizados con progresión a distress respiratorio (enfermedad pulmonar inflamatoria) y requerimiento de ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conocer el tipo y duración del soporte respiratorio, y otro soporte vital como: hemodinámico, de función renal entre otros.

Asimismo, analizarán el número de días sin necesidad de asistencia respiratoria durante la hospitalización, evaluarán los niveles de SARS-CoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeo (por RT-qPCR) en los días 0, 3, 7 y 14 de la TPCC.

Otro de los aspectos a ser contemplados en la investigación es determinar el tiempo en el que el receptor presenta anticuerpos anti-SARS-CoV-2 (IgG), tomando como referencia el resultado del día 0 (antes de la transfusión) y los días 1, 7 y 14 de la TPCC, y por último realizarán la descripción de los eventos adversos asociados a TPCC en pacientes COVID-19 hospitalizados.

El equipo está integrado por los siguientes investigadores: Patricia Elena Langjahr Penayo, María Ofelia Lemir, Angelica Jiménez, Gustavo Ignacio Rivas, María del Carmen Royg Arriola, Diego Daniel Figueredo, Ruth Zárate Romero, Víctor Rodolfo San Martin Acosta, Gabriela Ávila Pedretti, José Ramón Molinas Vega, Montserrat María Margarita Bravard Radice, Oscar Alberto Echeverría Ramírez, Amanda Carolina Molas García, y Derlis Emilio González Rodríguez.

Este proyecto es financiado por el CONACYT en el marco de la lucha contra la COVID-19, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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