Carlos Liseras, exdiputado y actual titular de la Conajzar, informó en entrevista con el canal GEN que las prórrogas no están contempladas en la ley vigente, y necesariamente debe hacerse una licitación pública, por lo que se está analizando el acuerdo al cual se llegó en la administración anterior.

Citó que el artículo 20 de la Ley 1016/97 establece que los juegos cuya explotación debe ser necesariamente concedida por licitación pública son los siguientes: casinos de juegos de azar, quiniela, bingo, lotería instantánea, lotería diferida en sus diversas modalidades, rifa de distribución general en todo el país, telebingo, hipódromo, loto, apuestas deportivas y quini seis.

“Casi todos los casinos en algún momento fueron beneficiados con prórrogas y las autoridades antecesoras consintieron esa situación, pero la ley establece que debe ser por licitación, para que se presenten las empresas, hagan su oferta y se elija la mejor para el Estado, previa del análisis de la documentación presentada”, indicó.

Hay que recordar que la firma AZAR INTERNACIONAL S.A. es una empresa dedicada al rubro de juegos de azar, concesionaria de la CONAJZAR, autorizada para la explotación de un casino en Alto Paraná.

En marzo de este año, en el tramo final del Gobierno de Mario Abdo Benítez, la Conajzar firmó un acuerdo transaccional con la empresa en cuestión, con el objeto de poner fin al juicio contencioso administrativo entablado ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en contra una resolución de la comisión reguladora de los juegos de azar.

El 1 de junio del 2018, Conajzar dispuso renegociar el contrato de explotación del casino en Alto Paraná, pero el 6 de ese mismo mes, dictó otra resolución revocando la anterior, lo cual motivó a la empresa a recurrir a la justicia, que a su vez, en febrero del 2022, hizo lugar a la acción planteada por la firma.

Si bien la Procuraduría General de la República apeló en mayo de ese año, meses después, en agosto, la empresa consiguió llegar a un acuerdo extrajudicial para poner fin al juicio.

El documento de lo acordado no especifica que el Gobierno de Mario Abdo Benítez, en el tramo final de su administración, otorgó hasta el año 2035 el permiso del casino. Este aval figura en un pedido a la información pública, donde consta que el periodo de explotación del casino situado en el Hotel Acaray va hasta el mes de junio del 2035.

En el ámbito legislativo instaron a revistar la prórroga dada por la Conajzar en el Gobierno anterior.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.