“El sindicato había presen­tado una denuncia formal ante delitos económicos del Ministerio Público, acer­cando documentaciones exclusivas presentadas por la propia intendencia muni­cipal, en este caso a la Direc­ción de Contaduría Pública del Ministerio de Hacienda. Ellos tienen sus técnicos especialistas en temas financieros presupuestarios, me refiero a Simuca, y han encon­trado que no hay conciliación entre ingreso y egreso. Ahí determinaron que el ingreso que tuvo en concepto de pago de impuestos inmobiliarios que hicieron los contribuyen­tes no se dio cumplimiento a lo que establece la Constitu­ción y la ley, de transferir el 15% de las recaudaciones para los municipios muy limitados en materia presupuestaria”, señaló Fiorotto durante una entrevista con la 970 AM.

Agregó que pareciera ser que la denuncia no tuvo el eco favorable por razones desco­nocidas, pero que todos los antecedentes del caso fue­ron remitidos a la Contralo­ría General de la República y hasta el momento está “dur­miendo el sueño de los justos”.

“Hasta donde pude infor­marme no hubo una inves­tigación ni un pedido de informe al municipio para cotejar la denuncia remitida por el Ministerio Público a la Contraloría, o sea prác­ticamente durmió el sueño de los justos en la denuncia ahí. Salvo que la propia Con­traloría hoy saque un comu­nicado y diga que la institu­ción ha procedido a realizar los trámites. Salvo que no hagan eso, quiere decir que ahí estuvo durmiendo y sigue durmiendo”, dijo.

Afirmó además que no se trata de una información desprovista de formalidad y seriedad, ya que está avalada con documentaciones feha­cientes. Agregó que hasta el momento las autorida­des municipales no se han pronunciado al respecto de manera institucional.

ADMITEN INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

El licenciado Braulio Ferreira, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, confirmó que efectivamente no están depositando al Ministerio de Hacienda el 15% corres­pondiente a la recaudación de impuesto inmobiliario. Dijo que esta práctica data de 1998 y que están ampara­dos en una medida cautelar otorgada anualmente como respuesta a una acción de inconstitucionalidad pre­sentada año tras año por el municipio.

Señaló que el dinero es utili­zado para financiar todas las necesidades de la institución.

“La municipalidad históri­camente desde 1998 no viene transfiriendo esos recursos al Ministerio de Hacienda con base en acciones de inconstitucionalidad que se van presentando cada año. Si bien esa deuda está expuesta y demostrada en los estados financieros de la municipa­lidad, por esa razón no se hace esa transferencia. Son recursos genuinos munici­pales y lo que nosotros accio­namos es contra la obligato­riedad de la transferencia de esos fondos para poder reci­bir los recursos de royalties y Fonacide, atendiendo la tre­menda escasez de recursos con que cuenta el municipio”, asegura.

VERSIÓN DE FERREIRO

Por su parte, el intendente Mario Ferreiro manifestó ayer en entrevista con la 780 AM que la municipalidad, al ser sede de los tres poderes del Estado, debe contar con mayores recursos y no ceder los suyos, ya que la comuna no puede otorgar fondos que no le sobran.

Intentamos obtener la versión del contralor general, Enrique García, quien supuestamente hizo caso omiso a la denuncia, pero no atendió nuestras lla­madas ni responde los men­sajes a pesar de la insistencia. Su silencio llama la atención considerando que no es poco el monto que la comuna asun­cena no transfiere a Hacienda cada año.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.