A través del sistema 911 se busca optimizar la respuesta policial ante casos de emergencia, pero de un tiempo a esta parte también se ha visto avasallado por las miles y miles de llamadas que no tienen relación alguna con el objetivo principal de la linea telefónica policial.

Por cada 100 llamadas, 90 son las denominadas de no emergencia, que se traducen en chistes, insultos, quejas por servicios públicos, pedidos de información sobre calles y otros, detalló a Hoy Digital, la comisario Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.

Solo entre el sábado y domingo ultimo se recibieron 5.100 y poco más de 4.000 respectivamente, aproximadamente 8.000 comunicaciones al sistema 911 fueron indebidas, que además impiden el ingreso de reportes que si requieren de intervención policial, lamentó la uniformada.

Es por ello que desde este lunes mediante un convenio con la Conatel, y el Ministerio del Interior, se pondrá mayor fuerza en las sanciones para este tipo de prácticas, tomando como base la ley 4739/12 y el articulo 52 del Código Penal.

En caso comprobarse que desde un mismo número se realizaron tres llamadas de no emergencia, el propio sistema le envía una notificación por mensaje de texto a modo de advertencia, en caso de reincidencia ya se dispone la apertura de un proceso ante el Ministerio Público por transgresión de la ley

A través de un convenio con la Conatel y el Ministerio del Interior y el sistema 911, se estableció que a partir de la tercera llamada del mismo 4739/12, “que contempla desde multas hasta cinco años de pena privativa de libertad”.

La jefa policial explicó que si bien ya había un instrumento legal para sancionar las llamadas indebidas, la institución no contaba con la posibilidad de movilizar todo un organismos judicial para llevar adelante 4.000 procesos ante el Ministerio Público, que de por sí ya está abarrotado de causas.

De esta manera se tomó la determinación de discriminar los casos y a partir de tres llamadas en adelante de un mismo número, se enviarán los antecedentes ante la fiscalía para la investigación correspondiente.

Según Andrada, mas allá de las sanciones, resulta fundamental que la ciudadania tome conciencia de que el sistema 911 es única y exclusivamente para casos de extrema urgencia, que no pueden ser evacuados por los caminos tradicionales y requiere una respuesta urgente.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.