La última fase del con­curso para contrata­ción de personal en Itaipú Binacional está en marcha y se prevé que las entrevistas culminen en 15 días más, esto en medio de incesantes denuncias, críti­cas por la serie de irregula­ridades que realiza la ciuda­danía.

El rango etario exigido para sus participantes que no supera los 35 años, la fle­xibilización selectiva de las reglas del concurso, la extensión de fechas límite para completar documen­tos y la presencia de al menos una treintena de aspirantes “favoritos” detectados, fun­cionarios ya acomodados dentro de la binacional vie­nen siendo muy cuestionados por los aspirantes y la socie­dad en general.

Otros cuestionamientos del concurso son los requisitos que fueron ajustados, ya que parecían estar preparados prácticamente a la medida de participantes allegados a los jefes de la binacional, como se vio, por ejemplo, en el cargo para “gestor de turismo-ar­quitecto” en el que se requería que los postulantes además del título de arquitecto, cuen­ten con diplomado en gestión de proyectos turísticos sus­tentables.

Coincidentemente, quien cumplía con todas las exigen­cias para el cargo y ahora está entre los finalistas del con­curso es Liz Tatiana Aquino, aspirante al referido puesto que ya se encuentra trabajando en la binacional a cargo del superintendente de Turismo, Juan Manuel Azuaga. Un dato no menor es que a su vez Azuaga es presidente del Ins­tituto Fundación Ambiental, donde se dicta el referido diplo­mado exigido para el cargo que busca Aquino.

Nuestro medio identificó a familiares de los jefes de la binacional en la lista de los miles de participantes que se anotaron para concursar por uno de los 220 cargos vacantes promocionados por la Itaipú. Uno de ellos es Mauricio Andrés Leguiza­món, aspirante finalista del concurso e hijo del jefe del Departamento de Ingenie­ría de Seguridad y Medicina del Trabajo, Ángel Andrés Leguizamón. Además de Mauricio, fueron identifi­cados otros 34 finalistas muy bien conectados que están a un paso de conse­guir uno de los puestos que inicialmente estaban dirigi­dos para “nuevos trabajado­res”. (Ver infografía)

Otra queja es sobre la supuesta flexibilización selectiva de las reglas del concurso, como la admisión de finalistas sin los títulos requeridos en las exi­gencias de vacantes. Un ejem­plo de esto es el caso de Bianca Araceli Sosa, finalista para el cargo de “gestor de contratos” que fue denunciada ante la Superintendencia de Recur­sos Humanos de la entidad, por supuestamente no con­tar con el título exigido para el puesto.

Según el reglamento publi­cado por la binacional, los 660 finalistas seleccionados luego de los exámenes escri­tos debían presentar en las ofi­cinas de la entidad sus docu­mentos de forma física hasta el pasado 23 de junio, fecha límite que fue postergada en detrimento de las normas del concurso.

El amparo constitucional presentado por el gremio Auténticos Aboga­dos del Paraguay (AAP) para frenar el cuestionado proceso de selec­ción de personal de Itaipú fue rechazado por el juzgado por “no justifi­car la personería”.

“El juzgado mintió en su resolución al manifestar que los accionan­tes no tienen personería para promover el amparo”, sostuvo el abo­gado Juan Prieto, presidente del AAP.

El abogado sostiene haber incluido los documentos de la persone­ría jurídica de su gremio junto con el amparo mencionado y en la tarde de ayer presentó un recurso de apelación para rever la resolu­ción del juzgado.

La apelación quedó a espera de la aprobación del juez Martín Acosta Conde, quien debe dar trámite en el transcurso del día.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.