Mauricio José González Mereles fue condenado hoy a 25 años de pena privativa de libertad por un tribunal luego de que fuera procesado por los hechos punibles de homicidio doloso y hurto agravado en calidad de autor.

Los fiscales Mercedes Caniza y Giovanni Grisetti, de la Unidad Penal N° 5 del Sector 1, representaron al Ministerio Público en este juicio oral y público que culminó luego de varios meses de proceso.

Según los antecedentes del caso que datan de marzo de 2018, el ahora procesado había asesinado a Luis Miguel Ángel Gómez Sosa (60) utilizando un cuchillo de 20 cm. El crimen se produjo en su vivienda ubicada en el barrio Itá Enramada de Asunción.

Luego de unos días de haberse producido este crimen, el cuerpo del fallecido fue encontrado dentro de un congelador en desuso, en un chalet donde fungía de casero. La causa de muerte fue un “shock hipovolémico por traumatismo penetrante de tórax por arma blanca”.

González introdujo a su víctima dentro de una congeladora estando aún con vida, según las propias palabras del mismo que constan en su declaración indagatoria. Posteriormente, huyó del sitio a bordo del vehículo de esta persona.

Luego de haber cometido el asesinato, el acusado estuvo con paradero desconocido hasta finalmente ser detenido ocho meses después en la ciudad de Salto del Guairá.

La representación fiscal demostró en el debate oral la existencia de los hechos y la reprochabilidad del detenido a través de los elementos suficientes de convicción que fueron recabados en tiempo y forma y que hicieron posible la acusación.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.