Bertha Aurora Acosta Pérez (39) falleció en la noche del 20 de noviembre de 2014 por un shock hipovolémico por desprendimiento total de placenta y atonía uterina. Su hermano, el abogado Gerardo Acosta, inició una demanda en el fuero civil por responsabilidad civil extracontractual del Sanatorio San Roque S.R.L Suc. La Costa, ante la negligencia cometida por los médicos de guardia que no procedieron a realizar una rápida cesárea a la mujer.

Luego de cinco años del inicio de la demanda, la justicia estableció una sentencia condenatoria al sanatorio al considerarlo responsable civilmente de las negligencias que cometan los médicos contratados. De esta manera, dicha empresa deberá pagar una indemnización a la familia de la paciente fallecida. Sin embargo, no es definitivo aún porque sus representantes legales ya apelaron la decisión del magistrado del caso.

“Nos fuimos por el lado civil de la empresa y no el lado penal de los médicos, contrariamente a lo que se suele hacer. Pudimos probar, y fue muy difícil, que existe una relación de subordinación con los médicos y por lo tanto sus actos comprometen al sanatorio”, resaltó el abogado Acosta en entrevista con la radio 650 AM.

El letrado reconoció que esta sentencia deja un importante precedente ya que no existen casos parecidos. “Los sanatorios privados hacen firmar un contrato de índole civil en el que supuestamente ellos solo ponen la instalación para que los médicos trabajen, de tal manera que si los médicos no hacen bien su trabajo, no es responsabilidad de ellos”, dijo.

La condena establece que sí existe un nexo de subordinación entre los “médicos de guardia” y el Sanatorio San Roque S.R.L. Suc. La Costa que, si bien no es laboral, hacen que éstos cumplan ordenes o soliciten instrucciones a personas que ocupan cargos gerenciales en la estructura organizativa de la S.R.L. tales como director de Recursos Humanos y director médico.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.