Basilio Duarte, representante de la Federación de Conductores de Plataformas, manifestó que el sector atraviesa por un momento complicado debido al elevado precio de los combustibles, hecho que reduce su margen de ganancias.

“Estamos haciendo magia, realmente es insostenible. Veníamos arrastrando esta problemática desde hace un año y con esta suba estamos desesperados”, indicó a Radio Ñandutí.

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En igual sentido, señaló que cada conductor tiene una meta diaria pero hoy día se ven obligados a pasar más horas trabajando, con menos tiempo para descansar o compartir con la familia, debido a que cuesta más alcanzar el monto deseado.

Anteriormente, en 8 horas ya se podía alcanzar una cantidad suficiente de dinero tras realizar varios viajes, cosa que ahora no ocurre pues deben llegar a al menos a 12 horas para “salvar el día”, afirmó Duarte.

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El representante del gremio de plataformas anunció posibles movilizaciones para exigir al gobierno que tome cartas en el asunto e intermedie para bajar los precios de los combustibles. “Ayer estuvimos conversando y está latente esa posibilidad”, agregó.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.

El fiscal Osvaldo Zaracho resolvió imputar por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre a Abel Ortega Estigarribia, de 22 años.

Este sujeto se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta PY07 (ex Supercarretera), en el Área 4 de Ciudad del Este.

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En aquella oportunidad, cuatro niños de 6, 10, 11 y 13 años, respectivamente (todos ellos hermanos), fueron arrollados por el biciclo manejado por Ortega.

El que se llevó la peor parte fue el niño más pequeño, quien resultó con severas fracturas y tuvo que ser internado en la sala de terapia intensiva del Hospital de la Fundación Tesâi.

Para formular esta imputación, el agente del Ministerio Público tuvo en cuenta una serie de agravantes, entre ellas la carencia de licencia de conducir por parte del ahora detenido.

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El Juzgado Penal de Garantías decretó la prisión preventiva del motociclista por no cumplir con los requisitos obligatorios para la aplicación de medidas menos gravosas.

Tras esta disposición, Ortega deberá ser remitido a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.