La fiscala Pamela Pérez, en charla con la 730 AM, indicó que no existen aun elementos suficientes para imputar a los uniformados que están involucrados en el caso del joven Richard Ramón Pereira Ramírez, quien fue disparado durante una detención llevada a cabo por el comisario principal Jorge Zárate y el suboficial primero Jhonie Orihuela.

“Estamos esperando el resultado de la pericia del circuito cerrado. Ya tiene la gente de Laboratorio Forense. Ví el video, pero se tiene que mejorar la imagen para ver con precisión ese momento”, dijo. Agregó que estima que en el transcurso de estos días se entregue el material.

La agente del Ministerio Público comentó que nadie tuvo acceso a las imágenes. Sin embargo, el padre de Richard Ramón Pereira aseguró que ya vio el video y que las imágenes confirman que su hijo se rindió y que el procedimiento fue una ejecución.

Pérez indicó además que la prueba de nitrito y nitrato practicado a uno de los policías (Orihuela) dio positivo y que este tampoco niega que haya disparado su arma. El uniformado, según la fiscala, mencionó que realizó el disparo porque el joven estaba armado. El policía argumentó que el baleado bajó de su vehículo, y cuando se arrodilló, sacó el arma de la cintura.

“No hay dudas de que el policía le disparó, entonces queda dilucidar las circunstancias en que se dio. Además aparece en el informe policial que se incautó un arma que estaba en poder de él (víctima), entonces tenemos que dilucidar cómo ocurrió esto”, indicó.

Pérez dijo que el arma que pertenecería al joven, se envió al laboratorio forense y que todavía no se tienen datos sobre el origen de la misma. La prueba de nitrito y nitrato al joven todavía se está procesando, según la representante fiscal.

Al consultársele por qué se realizó una persecución al joven, relató que los policías aseguraron que persiguieron al mismo porque su vehículo no tenía chapa y porque cuando vio la patrullera, comenzó a acelerar la marcha.

La fiscal reveló también que existen dos personas que son testigos del hecho ocurrido en barrio Obrero de Asunción. “Hay testigos que vieron lo que pasó. (…) Están temerosas en hablar, pero una ya habló, aunque no quiero entrar en detalles”, añadió al momento de indicar que ambas no están relacionadas ni con los policías ni con el joven baleado.

Pereira, quien no tiene antecedentes policiales ni judiciales, quedó parapléjico tras ser herido por los policías.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.