En charla con el canal GEN / Nación Media, la congresista Arrúa indicó que está analizando todos los antecedentes del caso Itakyry, del departamento de Alto Paraná, donde días atrás un grupo de indígenas hirió a varias personas, causó importantes destrozos como la quema de un tractor y actuó bajo extrema violencia tras ser motivado por su colega Rodríguez, según las denuncias presentadas en su contra.

“Vamos a analizar todos los documentos y estaríamos actuando en base a eso, una vez analizado todo se presentaría”, dijo sobre la posibilidad de plantear la pérdida de investidura de “Kencho” por el uso indebido de influencias. Agregó que con el legislador Enrique Riera opinan de la misma manera, sobre cómo actuar con relación a la participación de su colega del FG.

En otro momento Arrúa recordó que ya había presentado un pedido de sanción anterior contra su colega por un caso similar, pero remarcó que con este nuevo caso amerita un proyecto de pérdida de investidura, no solo de una sanción. “Pero esto no depende solo de mí, necesito el apoyo de mis colegas, no quiero que sea algo simbólico, se necesita que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo. Se inmiscuye en el trabajo de los fiscales y busca la destitución de los policías, hay una injerencia directa y un uso indebido de influencias”, dijo.

En ese sentido, la legisladora indicó que el senador de la izquierda denunció a los jueces y fiscales que intervinieron en la causa que tiene la comunidad y luego amenazó a los policías que intervinieron en el conflicto mediante orden judicial.

Por su parte, el senador Enrique Riera, quien acompañó una conferencia de prensa que brindó ayer martes la senadora Georgia Arrúa con los residentes de las colonias Tape Yke y Acaray para explicar los antecedentes de la problemática originada en Itakyry, dijo que se trata de un caso emblemático porque están probando una nueva política de confrontación entre paraguayos que responde a una agenda internacional.

“En Chile se usa a los mapuches y en otros lugares se usan otras etnias porque descubrieron que en la mayoría de nuestras constituciones se establece que los nativos no pueden ser desalojados de sus tierras originarias, entonces con esto ponen una nueva traba a la aplicación del derecho de la propiedad privada que, según el Artículo 109 de nuestra Constitución, es inviolable, no hay para discutir ahí. Lamentablemente, Itakyry se convirtió en una especie de Acosta Ñu, acá no podemos aflojar, acá no estamos hablando de brasiguayos, latifundistas, estamos hablando de productores de familias paraguayas arraigadas de hace años”, dijo, según recoge La Nación.

La problemática se registró el pasado 20 de agosto dentro de la propiedad denominada Chacore’i, Tape Yke. Según los antecedentes, un grupo de 50 indígenas de la comunidad Ka’a Poty, encapuchados, se presentó hasta el inmueble con extrema violencia bajo el acompañamiento del actual detenido Rafael Esquivel, alias Mbururu, y portaban armas blancas, machetes, foisas y palos de madera.

Los indígenas habían sido desalojados en 2 ocasiones y recientemente fueron reubicados, teniendo en cuenta un conflicto de tierras ante una falta de definición y mensura judicial que guardaría relación con títulos falsificados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.