El ex canciller Eladio Loizaga durante el programa Pública de DENDE, señaló que, como país pequeño, en materia numérica y de extensión, Paraguay puede ampararse en el derecho y exigir el cumplimiento del Tratado de Libre Navegación, a través de un arbitraje internacional en el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, ya que las instancias de discusión se agotaron.

“Los países pequeños, en el contexto internacional, tenemos que apegarnos al derecho internacional y buscar el cumplimiento de los mismos. Tenés el caso Argentina-Uruguay que fueron al arbitraje por la cuestión de las papeleras, fueron a La Haya, salió el laudo arbitral y se cumplió. Si sale bien o sale mal, tenés que aceptar”, apuntó, sobre el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná.

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Comentó que, de optarse por esta vía, una vez constituidos los árbitros, tienen un plazo de 60 días para dar su laudo. Agregó que el problema no deviene solamente de una voluntad política, porque hoy puede haber voluntad política para solucionar el tema, pero mañana puede venir un cambio de gobierno con otra visión sobre el conflicto.

ACUERDO CARTES-MACRI

Sobre la hidroeléctrica Yacyretá, el excanciller recordó que tuvo altibajos durante todo el proceso de construcción y las obras fueron suspendidas durante un tiempo por falta de dinero. Posteriormente, Argentina aportó para continuar la construcción e intentó que ese aporte del Tesoro sea reconocido como préstamo. 

El Anexo C establece que a los 40 años de la vigencia del Tratado se debía hacer una revisión. En el año 2014, Paraguay dirigió una nota al canciller argentino Héctor Timerman en la cual se le señaló que se cumplió el plazo y que nuestro país solicitaba iniciar la revisión del anexo en el que se establecen las bases financieras de la hidroeléctrica. Esta revisión se inició bajo el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, pero fue con el expresidente Mauricio Macri con el que se firmó el acuerdo.

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Loizaga explicó que la Nota Reversal del 2017, resultante del acuerdo entre el expresidente paraguayo Horacio Cartes y Macri, no solo contiene lo relacionado con el tema tarifario, sino también incorpora otras conquistas para nuestro país como, por ejemplo, la definición sobre el porcentaje de territorio inundado, donde se consagra que el 80% del territorio afectado es paraguayo y 20% es del territorio argentino. 

El acuerdo fue aprobado por el Congreso paraguayo y promulgado por Cartes en agosto de 2018, pero nunca fue analizado en el Congreso argentino. El diplomático lamentó que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez no se hayan realizado las gestiones ante el legislativo del vecino país para que el acuerdo sea aprobado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.