La Comisión de Pueblos Indígenas, encabezada por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, vicepresidente de esta instancia legislativa, realizó ayer una audiencia y recibió a Pedro Torrás, para ahondar sobre la problemática de la comunidad indígena Ka’a Poty, del Pueblo Ava Guaraní, ubicado en Ytakyry, departamento de Alto Paraná.

Llamativamente el legislador pretendió ocultar o ningunear a una de las partes, al no realizar una sola referencia a los documentos entregados y tampoco quiso escuchar o ver las pruebas de las abogadas de los colonos atacados.

La abogada Diva Riquelme, quien se vio en la necesidad de realizar una protesta y presentar pedidos de acceso a la información, comentó a Hoy Digital que llamativamente el congresista del Frente Guasu habría pretendido esconder la verdad.

“Nosotros nos fuimos a presentar pruebas de acceso a la información pública vía amparo de todas las denuncias presentadas por expresidente del INDI, referente a que los títulos para hacer invasiones son truchos. Además de presentar dictámenes”, refirió.

Sostuvo que luego de que cada participante haya dado su opinión y presentado sus pruebas, se dio coincidentemente recién el ingreso de la prensa al encuentro y allí le tocó el turno a Kencho de emitir su postura. Grande fue la sorpresa, según refirió, cuando el político comenzó a mentir descaradamente ante la prensa. “Empezó a mentir, diciendo que los títulos no existían, quería manipular la información. Quería decir que los senadores negaban la existencia de los títulos”, refirió.

“Cuando empezó a mentir, yo me levanto y muestro a la cámara en protesta silenciosa los documentos. Ahí él cambia su expresión y me pide que me siente”, agregó a su relato.

La abogada indicó que no se pueden esconder las denuncias y fingir que nunca existieron, además esgrimió que todos, comunidades indígenas y colonos afectados, merecen una respuesta a sus reclamos.

Sostuvo que el modus operandi del FG es siempre el mismo: distorsionar la verdad a su antojo y luego presentar a la opinión pública solo una parte. En ese sentido sostuvo que también se ocultó parte de la audiencia y fue editado el material expuesto en TV Senado, como así también se omitió su participación en el informe dado a conocer en la página oficial de la Cámara Alta.

Es por ello que ya solicitó a través de la ley de información pública le sea remitido todo el material audiovisual de la sesión, para que la ciudadanía vea y sepa cómo actúan las autoridades nacionales, y se sepa la verdad en torno al litigio de las tierras.

Riquelme indicó que las pruebas que tiene sustentan su posición en esta larga contienda que se registra en esa zona del país. Pero esto no es del agrado del FG.

Por otro lado mencionó que hoy hizo una denuncia pública, con documentos, sobre la participación de cercanos a “Kencho” en los atropellos de los indígenas invasores. En ese sentido contó que un día, los nativos atacaron a los dueños y sus pertenencias. “Yo estaba esa vez con los propietarios del inmueble y nos atacaron. Me saltaron con un machete el cuello”, agregó.

Sostuvo que cuando sus representados y ella estaban haciendo la denuncia en la comisaría, fue llegando al sitio Lea Schwartzman Muñoz, exjefa de bancada del FG, con los nativos agresores, a bordo de una camionera del Senado, para hacer una denuncia falsa. Además agregó que esta mujer hizo un informe falso al Senado sobre su participación y lo ocurrido.

“Ella está vinculada a varias oenegés indigenistas que reciben millones de euros, y si bien están obligados a cumplir la ley para rendir cuentas, no lo hacen. Esa plata que reciben jamás llega a los indígenas, esto es un gran negociado”, arremetió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.