En octubre del 2015, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) estableció en la resolución 166 que todas las instituciones deben ser habilitadas por este órgano para que puedan ofrecer carreras de grado y posgrado a alumnos interesados. Es decir, las casas de estudio no podrán ofrecer carreras de grado ni de posgrado si no tienen la habilitación del consejo.

También explicaba que en dos años iba a ser efectiva la medida por lo tanto, si en el 2015 habían instituciones con carreras no habilitadas, tenían más de 730 días para ponerse en regla.

Cumplidos los dos años y, a partir de la resolución, se fue cerrando una serie de instituciones educativas cuyas carreras -principalmente médicas- no estaban habilitadas por el Cones, lo cual generó una serie de inconvenientes tanto entre los alumnos, que no querían perder las clases y los rectores de las universidades afectadas.

Sorpresivamente, el 26 de abril de 2017, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Míryam Peña, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por las universidades Leonardo Da Vinci, Unichaco, Central del Paraguay, Del Sol y Autónoma San Sebastián de San Lorenzo. Argumentaron que el Cones atenta contra los artículos 14, 79 y 137 de la Constitución Nacional.

Con la acción, según explicó a HOY Digital el secretario de la Sala Constitucional de la Corte, Julio Pavón, se suspenden los efectos de la resolución del Cones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, si la Corte se ratifica en la acción, las universidades podrán ofrecer sus carreras sin estar habilitadas por el Cones pero si tienen un fallo desfavorable, se impondrá lo que el consejo estableció.

El rector de la Universidad Leonardo Da Vinci, Washington Torreani, expresó a la 970 AM que está de acuerdo con lo establecido por el Cones pero que en su casa de estudios no tienen carreras médicas. Dijo que para interponer la acción recurrieron a un abogado constitucionalista y, según consideran las universidades afectadas con el veto del Cones, dijo que una resolución no puede tener efectos retroactivos.

Al respecto, el secretario general del Cones, Derlis Noguera, dijo a la 1020 AM que el consejo va a acatar lo dispuesto por la Corte, esperando que se resuelva de fondo la cuestión. Indicó que las universidades van a funcionar normalmente y dijo que están confiados en que los ministros tendrán en cuenta todo lo realizado por el estamento.

El conflicto generó descontento en las universidades que están en regla. Tanto es así que la Autónoma de Asunción, del Pacífico, la Católica, la UCSA, la Columbia, la Iberoamericana, la San Carlos, la UPA y la Americana, lanzaron un comunicado en el cual dejaron sentada su manifestación en contra de lo resuelto por la Corte.

“Nos encontramos con que, nuevamente, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgan medidas que permiten a quienes no cumplen con la ley, puedan seguir operando ilegalmente”, expresa.

Hasta tanto la Corte no resuelva la cuestión de fondo, las universidades de garaje podrán seguir operando.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.