Por Santiago Rodríguez

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Varias son las penu­rias por las que deben pasar tanto los enfermos como fami­liares de los asegurados del Instituto de Previsión Social, donde la constante es la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, ya sean básicos o imprescindi­bles, obligando a los pacien­tes a adquirirlos por sus pro­pios medios.

Es así que recientemente el director del Instituto Nacio­nal del Cáncer, doctor Julio Rolón, señaló que recibe en su institución entre 5 y 10 pacientes al día con recetas del IPS que recurren hasta dicho hospital para retirar medicamentos faltantes en la previsional. Sobre estos medicamentos, el presidente del Consejo de Administra­ción del Instituto de Previ­sión Social (IPS), Vicente Bataglia, refirió durante su interpelación en el Congreso que las medicinas faltantes ya fueron solicitadas en su momento mediante licita­ciones que se encuentran retrasadas, culpando de esto a las empresas proveedoras.

No obstante, la previsión de que estas medicinas no se acaben es una de las res­ponsabilidades del Consejo de Administración del IPS, además de la dotación de profesionales conforme a las necesidades.

Sin embargo, no es necesa­ria una extensa investiga­ción para comprobar la des­idia en el funcionamiento del sistema de la previsio­nal. Desde conseguir un agendamiento hasta la con­sulta con médico implica un martirio, un viacrucis, ni hablar de las carencias en cuanto a insumos sanita­rios como medicamentos.

Los que viven bien son las autoridades, millonarios salarios, bonificaciones a cos­tilla de asegurados humildes a quienes no se les compensa en sus aportes la triste realidad que arrastra la previsional, con fuerte crisis en los meses recientes hablan de una defi­citaria gestión de la direc­tiva del IPS, y los 6 miembros del Consejo de Adminis­tración, presidido por el doctor Vicente Bataglia, cuestan G. 2.567.500.000 a los asegurados, según la nómina de transparencia. (Ver infografía).

En los registros de sueldos figuran que el IPS gasta unos G. 197.500.000 al mes en salarios, bonificaciones y otros ingresos del Con­cejo de Administración, un grupo directivo que al menos en este gobierno sostiene una administra­ción que deja mucho que desear.

Sin embargo, mientras estas fortunas llegan sin falta hasta los bolsillos de los consejeros, pacien­tes como Alberto Aguiar siguen sufriendo la falta de gestión en el hospital . El señor Aguiar fue víctima de un supuesto nuevo caso de mala praxis dentro del IPS, donde ingresó para ser tra­tado por un accidente cere­brovascular (ACV) y ter­minó con “el pie podrido”, por una supuesta infección contraída en la previsio­nal, según declararon sus familiares a los medios de prensa. Otra demostración de la falta de gestión del Consejo son los constan­tes reclamos de asegurados que deben pasar meses de espera para cobrar sus pen­siones por reposo.

No se pueden olvidar tampoco los otros escán­dalos por supuesta mala praxis. El caso lamenta­ble ocurrido con el señor Samudio a quien le ampu­taron de manera improvi­sada dos piernas, las lici­taciones con limpiadores mau que generaron pérdi­das millonarias a la ins­titución, son parte de la deprimente herencia del actual consejo de la pre­visional.

Lo único que sostiene a Bataglia y a este consejo es el blindaje del presidente Mario Abdo, quien parece vivir en una burbuja y se desentiende del desastre en el IPS.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.