En entrevista con la radio Universo, el economista Manuel Ferreira dijo que considera “ridículo” pelearse en este momento de transición, ya que se podría acordar importantes acuerdos en pos de beneficiar al país.

Recordó que fue el ministro de Hacienda en la era Franco y que llegó a trabajar junto con Germán Rojas y Benigno López, quienes representaban al equipo de transición del Gobierno entrante de Horacio Cartes. Cuando eso, al haber consenso entre ambos equipos, se logró pagar importantes deudas que tenía el Estado paraguayo.

Paraguay tenía tres importantes deudas en ese entonces: con Gramont Berres, con Société Générale de Surveillance SA (SGS) y con Bureau Veritas (Bivac). Durante el traspaso de mando se logró pagar las deudas con las dos últimas citadas. “Se acordó negociar públicamente, con representantes de ambos equipos (el saliente y el entrante), e incluso se invitó a periodistas a participar de la negociación. Se llegó a un acuerdo: el Gobierno saliente metió una ley al Parlamento y el entrante luego lo hizo aprobar. Esto posibilitó evitar que haya embargos a futuro y controversias con esa ley, que no sufrió ningún cambio porque fue acordado entre ambos equipos”, rememoró.

Ferreira destacó que esta jugada política posibilitó pagar una deuda muy vieja. Hay que recordar que las empresas SGS y Bivac fueron contratadas durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) para verificar el origen de las mercaderías importadas. Sin embargo, con la llegada de Raúl Cubas a la Presidencia, este decidió dejar sin efecto el contrato, quedando facturas pendientes de pago, con SGS fue de USD 41 millones y con Bivac, USD 21 millones.

“A mí me gustaría ver que se haga estas cosas, ya terminaron las elecciones y no hace falta seguir en esta situación de enfrentamiento, y debemos buscar soluciones que nos beneficien a todos”, insistió el economista.

Al parecer del entrevistado, a Santiago Peña le conviene que se hagan los acuerdos, y resaltó que si él fuera del equipo de transición, lo que haría es tratar de ver cuál es la deuda puntual que tiene el Estado, sacar el número en limpio, pedir al Parlamento una ley que permita hacer una emisión de bonos para cancelar la deuda y reponerla a nivel de costos de Estado, que son más bajos que otra vías que se podrían adoptar.

“Santi debe iniciar su gobierno diciendo que ‘esto no volverá a pasar y lo que tendremos ahora es una coordinación’, y prometer que no haya carga financiera extraordinaria por supuestos atrasos. Se puede coordinar mucho con el equipo saliente, ya que no tiene ningún impacto de imagen al estar de salida. Se puede aprovechar esto”, subrayó.

CONTROVERSIA POR EL DÉFICIT FISCAL

Por otro lado, el exministro se refirió a la controversia generada entre el expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, y el Ministerio de Hacienda, referente a su planteamiento de exponer la situación real del déficit fiscal, ya que Fernández Valdovinos consideró que el dato de un 3% del déficit publicado el año pasado por el Gobierno, es un número mentiroso al no sumar otras deudas que tiene el Estado paraguayo, y que en la realidad estaría trepando al 5%.

Al respecto, Ferreira resaltó que Fernández Valdovinos suma las deudas con las empresas vialeras, los proveedores de los medicamentos y con los transportistas, para sacar el número del 5%.

A eso, el economista ahondó que a su parecer también hay llamados a licitación en las entidades públicas en función de su límite presupuestario y no en el tope impuesto a través del plan financiero. “Lo que está ocurriendo es que se hacen llamados, se adjudican y cuando hay que pagar recurren a Hacienda y en Hacienda no tiene registrado esos números. Hacienda va registrando todos los valores que tiene dentro de su plan financiero y ahí hay una diferencia entre el número global y el que tiene el Ministerio de Hacienda”, dijo.

Por ejemplo, recordó que cuando asumió Lea Giménez en Hacienda se “desayunó” una importante deuda en el Ministerio de Salud.

“Un ministerio cualquiera tiene un presupuesto de 1.000 y el plan financiero es de 900, que no tiene fecha, el que tiene fecha es el plan de caja, el cual es menor, como 800, que es la disponibilidad real de lo que tiene Hacienda mediante el cobro de impuestos y otros ingresos. Entonces se hicieron llamados hasta llegar a 1000, y hay unos 200 que quedaron en el limbo, está autorizado legalmente, pero Hacienda no tiene disponible porque no figura en su plan financiero ni de caja”, ejemplificó además.

Lejos de entrar en una discusión con Hacienda, Ferreira insistió en que ahora se debe analizar qué hacer con esta situación de descoordinación que hay y cuesta plata, ver cómo están estipulados los contratos con las empresas (si tienen intereses por mora en el pago), si se pagan sobrecostos, etc.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.