Ambos gremios, conjuntamente, solicitaron a través de un comunicado medidas transitorias al Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellas que las entidades financieras dejen de considerar a las pérdidas comprobables que deriven de lo anteriormente señalado como “debilidades financieras transitorias”, ni como “dudas razonables sobre reembolso de créditos”, a los efectos de la clasificación de riesgo. 

Las empresas constructoras piden tener presente que la construcción es el sector más dinamizador de la economía, que emplea a unas 300.000 personas de forma directa, y que cuando su desempeño se ve afectado, con él se afecta severamente a toda una cadena de suministro compuesta por industrias y empresas de servicios, que a su vez emplean a otros miles de compatriotas, asegurando el sustento para sus familias. 

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En tal sentido, recuerdan que el crédito es el principal sistema de apalancamiento financiero con que cuentan las empresas, y que sería injusto -por decir lo menos- que la calificación de las mismas frente a los bancos se viera afectada por un incumplimiento originado en el Estado, cuya deuda este año con las empresas constructoras alcanzó los 400 millones de dólares aproximadamente, causando un impacto negativo en el empleo de mano de obra. 

Resaltan además que la demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del Estado tuvo un efecto que se extendió a los proveedores en general, viéndose demorados los pagos debidos por las empresas constructoras, y sometiendo a un estrés financiero a toda la cadena de provisión. 

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“Tanto Capaco como Cavialpa consideran que con una medida similar a la que en su momento el BCP aplicó al sector productivo  -golpeado por la sequía- se podrá evitar una recategorización negativa de las empresas a las que adeuda el Estado, y con ello, evitar que se consolide un nuevo embate al sector de la construcción, que más empleo genera entre todos los sectores económicos”, subraya el comunicado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.