En entrevista con el canal GEN-Nación Media, el legislador colorado dijo que siente “vergüenza e indignación” respecto al esquema de contrabando que involucra al ministro anticontrabando, Emilio Fúster y al comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez.

El político recordó que el lema de este gobierno era “caiga quien caiga”, pero ahora guarda un sepulcral silencio y declaró so’o el asunto. A su parecer, ambas autoridades citadas no pueden quedarse un minuto más en sus cargos.

Dijo que es penoso que hace meses se tenía la filmación de los contrabandistas y que recién tras filtrarse las autoridades salieron a intentar justificar su inacción. “Vivimos en un despelote y nos sentimos impotentes”, agregó.

Riera además dimensionó el gran volumen de contrabando que ingresa por el lugar, de productos de todo tipo, y argumentó que de seguro existen muchísimos puntos similares a lo largo de las fronteras.

“¿Cómo queremos que el Paraguay se desarrolle si nuestras propias autoridades, nueve meses después nos comunican de algo que sucedió porque explotó? ¿Qué hicieron en nueve meses? Es más, no hay ni un solo funcionario de Aduanas implicado y esto está previsto en el Código Aduanero y este gobierno promulgó en el 2019 y que contempla la ampliación de la pena que este Congreso dio, para tratar de responder al reclamo de los sectores productivos y que son diez años de cárcel, no quince días de arresto”, cuestionó.

Sostuvo además que no se movió un solo dedo por cuestiones políticas, ya que si cae el comandante Carlos Velázquez se afectará al proyecto electoral del oficialismo con su hermano Hugo Velázquez.

La propuesta fue presentada por la diputada Rocío Vallejo quien argumentó que la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal es una institución que ha fracasado en su misión de brindar seguridad a los pensionados, jubilados y aportantes activos.

Esto, por causa de la falta de solvencia financiera y transparencia administrativa en cuanto a sus recursos, por parte de las autoridades.

Mencionó múltiples irregularidades constatadas por la Contraloría General de la República, luego de reiterativas denuncias, pues existen jubilados que no perciben sus haberes correspondientes desde hace varios meses.

Cabe resaltar que la conformación del Consejo de Seguridad Social se encuentra estipulada en el artículo 15 de la Ley N° 7.235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor de las entidades de jubilaciones y pensiones en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

Para la congresista, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas urgentes para evitar la agudización de esta crisis financiera y administrativa, ya que la situación, lejos de mejorar en los últimos tiempos, ha empeorado.

“Visitamos a S.E. Cardenal Adalberto Martínez. Charlamos sobre el alcance social y económico del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Parlamento”, escribió el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta.

“Agradecemos profundamente su tiempo, sabiduría y calidez”, añadió Chase, quien adjuntó una foto en la que se encuentra con el cardenal Martínez y la senadora Hermelinda Alvarenga.

El tratamiento del PGN 2025 ya fue realizado tanto en el Senado como en Diputados y fue derivado al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

El PGN 2025 sancionado por el Congreso, prioriza a los sectores de salud, educación, seguridad y protección social. Además, se pretenden fortalecer la infraestructura sanitaria a través de la puesta en funcionamiento de los dos nuevos hospitales, de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur.

El presupuesto también prevé un aumento en la asignación para los médicos residentes y un incremento en los cupos del CONAREM.

Entre los puntos resaltantes del PGN, se incluyen G. 2,3 billones más para el programa Hambre Cero, G. 500.000 millones para Tekopora, G. 400.000 millones más a la pensión para adultos mayores, G. 900.000 millones más para el Ministerio de Salud, casi G. 700.000 millones más para el Ministerio de Educación y G. 190.000 millones más para las universidades públicas, con énfasis en las filiales del interior.

El proyecto de ley que propone la creación de un fondo nacional para cubrir los gastos de atención, rehabilitación y reinserción social de las víctimas de accidentes de tránsito en Paraguay no contó con el visto bueno de los senadores en la sesión ordinaria de la fecha.

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El proyecto, con media sanción en Diputados, fue dictaminada en contra por las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, porque argumentaron que la propuesta carece de elementos técnicos y financieros que justifiquen su aprobación.

Además, manifestaron que la propuesta afectaría la estructura de ingresos previstos en el presupuesto 2025, conforme al análisis técnico del Ministerio de Economía.

Los legisladores sugirieron mejorar la redacción del proyecto, establecer mecanismos de control, definir criterios claros y evitar la duplicidad con seguros ya existentes, por lo que, nuevamente se remite a Diputados, donde tuvo origen.

La iniciativa plantea crear una caja especial con recursos que serán destinados para cubrir a víctimas de siniestros viales, y estará financiada a través de diversas fuentes, incluyendo asignaciones presupuestarias; reparaciones sociales de infractores de tránsito; un pequeño cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir; y el 100 % del IVA recaudado por la venta de motocicletas importadas.