Nuestro país comenzó a trazar en 2018 una Plan de Acción con normativas dirigidas a cumplir con los requisitos de GAFI, que esta vez observará la efectividad de la legislación y las instituciones en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción.

Para González, la única opción de Paraguay es superar el examen de GAFI, puesto que “el daño es muy grande cuando te declaran un país no cooperante”, algo que ya ocurrió en 2008, cuando los evaluadores detectaron debilidades en la lucha y prevención del lavado de dinero.

“Tenemos que pasar, tenemos que luchar hasta el final. No podemos autoaplazarnos, nosotros tenemos que demostrar eso a los organismos internacionales”, señaló este miércoles la titular de la Seprelad en la rueda de prensa posterior a la reunión con otro miembros del Ejecutivo.

La evaluación analizará los logros o debilidades desde 2019 hasta cinco años atrás, por lo que no solo estudiará la actuación del actual Gobierno de Mario Abdo Benítez, sino también la de la anterior administración.

González informó de que las autoridades nacionales comenzarán la próxima semana a “repasar todo lo que tiene que hacer el país” para cumplir las 40 recomendaciones exigidas por GAFI.

Aunque el actual Ejecutivo presentó el pasado noviembre una batería de 12 medidas ante el Congreso, el receso parlamentario hizo que hasta el momento no se haya aprobado ninguna.

La titular de la Seprelad confía en que una vez retomada la actividad se dé luz verde a tres de esos proyectos: la ley de lucha contra la financiación del terrorismo, la ley sobre el beneficiario final, para saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, y otra sobre juzgados y fiscalías especializadas.

El calendario de la evaluación marca que en diciembre de este año Paraguay deberá remitir a GAFI un cuestionario cumplimentado que los evaluadores corroborarán en su visita al país, prevista para marzo y abril de 2020.

Entonces, emitirán la primera calificación sobre Paraguay, aunque la definitiva se demorará hasta finales de 2020, como señaló hoy González.

El informe final sobre Paraguay se decidirá el 3 de diciembre de 2020, en el pleno de Gafilat, rama regional de GAFI, en el que también intervendrán instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, según la titular de la Seprelad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.