El juicio político contra el contralor general de la República se realizará en 2019. El alto funcionario fue imputado por haber supuestamente apelado a destiempo la sentencia de un laudo arbitral que falló a favor de la empresa Ivesur en contra de la Municipalidad de Asunción, que le había obligado a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones.

Supuestamente, la apelación a destiempo fue por una convivencia entre los abogados de Ivesur y García, quien en ese entonces era director de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción.

Pese a que la firma Ivesur “perdonó” a Asunción a cambio de prorrogar el contrato de Inspección Técnica Vehicular (ITV), el proceso continúa y García deberá someterse al juicio político el cual determinará si continuará o no en el cargo de contralor.

García fue abordado por la 1080 AM, específicamente por el periodista Óscar Acosta sobre su responsabilidad en el caso Ivesur, y el contralor le respondió que la intervención fue equivocada y maliciosa.

Dijo que el daño patrimonial desapareció porque los deudores (la Municipalidad) hicieron una remisión de la deuda al hacer un nuevo contrato. Sostuvo que el hecho que se haya “cajoneado” el juicio en su contra desde marzo en la Cámara de Diputados es una cosecha del establishment pero que actualmente está esperando que se defina para que llegue la audiencia en la que brinde la información sobre lo ocurrido.

Acosta le consulta si realmente apeló el fallo y le reiteró que sí. Sin embargo, respondió a continuación: “cuando uno es comunicador de los quilates de Óscar Acosta, que tenga todo el contexto para poder expresar… No creo que estés confundido Óscar, creo que estás trabajando maliciosamente en este punto, porque no es la primera vez que lo haces”.

Acosta le responde que es la primera vez que lo hacen y allí García espetó que el comunicador se ocupa de otros temas planteándolos de una forma tergiversada. “En otras ocasiones te comportaste de otra manera. Tenés tu Twitter, tus seguidores y tenés tus posiciones. No hace falta que me digas porque tus tuits son públicos. En privado te dije lo que te dije. Cuando planteaste que la cuestión del blanqueo a Óscar González Daher era por la Contraloría, te hablé en privado”.

García siguió acusando al periodista de tener motivaciones y de falsear la información. Luego de un impasse, el contralor dijo a Acosta: “tu posición es una posición mercenaria. No le debo ningún informe a nadie del caso Ivesur. Están como están en los ámbitos civil y penal”.

Luego, Acosta se defendió de las acusaciones alegando que no es un mercenario y finalmente le ofreció a García la posibilidad de dar su descargo al aire en el programa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.