Dos fiscalizaciones en paralelo inician desde la Contralo­ría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Ciudad del Este. Luego de la serie de denuncias que nuestro medio reveló sobre las cocinadas en las compras covid de alimen­tos de la administración de Miguel Prieto, el ente con­tralor comienza la verifi­cación del proceso licitato­rio realizado por vía de la excepción.

Mientras Prieto se encuen­tra en intensa campaña electoral por su reelección, apoyado fuertemente por el equipo del clan Zacarías, la herencia de irregularidades de su gestión está bajo la lupa de los organismos de control del Estado.

La escandalosa maniobra del caso de Tía Chela, el pequeño autoservice que proveyó 25.000 kits de ali­mentos a los más afectados por las medidas restricti­vas aplicadas por la pande­mia, la supuesta provisión de alimentos por parte de Tajy, una firma que perte­nece a don Buena Ventura Morínigo, quien se dedica a la perforación y manteni­miento de pozos artesianos, forman parte de las dudosas compras realizadas en el marco de la emergencia sani­taria, difundidas en investi­gación periodística generó la rápida intervención de la Contraloría.

La Contraloría designó a un equipo que se encargará de realizar la fiscalización a la “Ejecución presupuesta­ria de ingresos y gastos con fondos provenientes de la Ley Nº 6524/20”, vía Reso­lución N° 5237 de fecha 16 de setiembre del 2021. Al mismo tiempo, mediante la Resolución N° 5238 inicia una fiscalización del proceso licitatorio de las adjudica­ciones a la famosa Tía Chela y otra del Id 389303 de com­pra de almuerzo escolar por vía de la excepción.

El equipo de fiscalización de la ejecución presupuestaria que está liderado por Darío Araújo Prieto y bajo la supervisión de Raquel Sanabria, deberá realizar entrevistas, verificaciones in situ “tanto en la sede municipal como en áreas de influencia de los programas y proyectos eje­cutados”, señala la nota de la CGR, la que fue emitida en la tarde de ayer.

Mientras que el análisis del direccionamiento de la compra a favor de Tía Chela está a cargo de la Dirección de Control de Contratacio­nes Públicas, Paul Ojeda. La Municipalidad de Ciudad del Este deberá proveer toda la documentación referente a los ingresos y gastos que tuvo en el segundo y tercer cua­trimestre del 2020, es decir, entre mayo y diciembre del año pasado.

En el caso de la compra a Tía Chela, que es una licitación covid deberá remitir todos los antecedentes, como pre­cios referenciales, invita­ciones, justificación de la adquisición, aprobación de la adjudicación, documentos de evaluación a favor del pro­veedor adjudicado, etc. Acá realmente hay una bomba a estallar porque todo el trá­mite de la licitación estuvo amañado.

Se espera que con este informe por fin quede acla­rado la forma en que fue­ron usados los recursos durante la era Prieto, que ya es sabido realizó dudo­sas adjudicaciones que terminó beneficiando a su entorno político.

Cabe destacar que actual­mente hay otro equipo de la Contraloría designado para realizar fiscalizacio­nes a la licitación de Miguel Prieto de la compra de la clínica móvil, con base a un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de “viciadas irre­gularidades” en el proceso.

De acuerdo a las infor­maciones que proveyó el órgano contralor, el informe final del caso está próximo en ser difundido, al tiempo en que también se revisará la auditoría rea­lizada en el caso Tía Chela, licitación en la que el equipo de fiscalizadores a cargo de Nelson Salinas solo realizó dos observaciones y no se percató de hechos alevosos como que dos de las empre­sas invitadas a participar eran de un mismo grupo familiar.

La clínica móvil que fue adjudicada al cuñado de la candidata de Prieto

Miguel Prieto compró su clínica móvil calificada de “mau” por supuesta falsificación del chasis del cuñado de su candidata a concejal, Valeria Romero. La firma adjudicada nunca antes participó de ninguna licitación anterior a este llamado.

Las licitaciones amañadas y direccionadas al parecer fue­ron parte de la normal ges­tión de Miguel Prieto en Ciu­dad del Este. Además de que la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) encontró que la compra de la clínica móvil, la que costó G. 299.531.667, estuvo “viciada de inconsistencias” también se da la curiosa situación que la firma adjudicada es propiedad del entorno político de Prieto.

La empresa RyR Import Export fue la ganadora de esta licitación que fue reali­zada por la vía de la excepción. Llamativamente esta firma tiene como representantes a Carlos Recalde Ruffinelli y Aldo Rodrigo Galeano, este último es pareja sentimental de Martha Romero, hermana de Valeria Romero, candidata a concejal del movimiento de Miguel Prieto.

La firma nunca antes se pre­sentó a ninguna licitación, sin embargo, tanta fue su suerte que ante su primera parti­cipación ya fue adjudicada con un millonario contrato que supera los G. 406 millo­nes, dado que aparte del bus debía proveer los equipamien­tos médicos para la clínica, los cuales costaron otros G. 106.935.000. Este no es el pri­mer caso en el que el entorno de Miguel Prieto consigue alzarse con millonarias adju­dicaciones en la municipali­dad esteña.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.