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El pedido de informe final a la Contraloría había sido impulsado el año pasado por el diputado colorado Fernando Ortellado, también incluye la realización de otra auditoría a los ejercicios fiscales 2014 y 2017 de la gobernación de Guairá. Dieron como plazo 90 días para que el órgano contralor remita el informe final del examen requerido. Sobre este punto, la CGR ya respondió y dice que la actividad de control requerida por la Cámara Baja está programada recién para el ejercicio fiscal del 2019.

Consultamos con el diputado Ortellado sobre la inacción del órgano contralor y manifestó que el ex gobernador “está protegido” por el Gobierno.

Cabe recordar que también existe otro pedido de informe del senador Enrique Riera, sobre el mismo caso, que tampoco tiene retorno por parte del ente de control.

Hace dos años que la Contraloría está dilatando la conclusión de la auditoría realizada a la gobernación de Guairá. En abril del 2017 terminaron un primer informe donde saltó una serie de irregularidades. A partir de allí debían notificar a Friedmann, pero no lo hicieron hasta un año después de conocerse el demoledor estudio.

En abril se cumplen dos años, pero la auditoría sigue en los cajones de la Contraloría.

En medio de todo esto, el contralor García justamente está a un paso de afrontar juicio político. Sobre el alto funcionario pesan sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Coincidentemente, Friedmann, conocido por sus arranques anticorrupción, mantiene perfil bajo en este caso.

LAS IRREGULARIDADES

Entre las irregularidades detectadas se encuentra por ejemplo el “carnaval con combustible”, de la secretaría de Obras Públicas, a cargo del tío de Rodolfo Friedmann. Saltó carga que en un mismo día registró una provisión de 23.820 litros de gasoil común, de una sola vez. Sin embargo, entre las planillas de uso diario de combustibles de los equipos de obras viales de la gobernación, correspondientes al mes de setiembre del 2015, no se observó la utilización de maquinarias en fecha que se realizó la llamativa carga.

Evidentemente el modus operandi era efectivizar vales de combustibles. El tío llegó a consignar incluso un suministro de más de 11 mil litros del carburante en tiempo récord de 7 minutos, según el informe de la auditoría de los años 2015/2016.

En el 2016, Friedmann adjudicó un contrato de G. 15.452 millones a la empresa ESSA, por 1.367.520 raciones de almuerzo escolar. La mitad de las raciones, es decir, 683.760, debía ser distribuida en el citado periodo y el resto en el 2017. Según el informe de la CGR, solo entregaron 480.611 raciones del almuerzo escolar y quedó un faltante de 203.149 raciones por valor de G. 2.295 millones.

Otra de las irregularidades detectadas y que hasta hora no fueron aclaradas es la transferencia del ex gobernador de unos G. 3.699 millones a una comisión de nombre Fomento y Desarrollo Urbano para la realización de varias obras en el departamento. Sin embargo, el presidente de la asociación, Carlos Verdecchia, no sabe cómo se usó el dinero, según declaró al equipo auditor.

El presidente de la asociación manifestó también que actuaron de pasamano. Recibieron el cheque, endosaron y entregaron a la contratista EDR Construcciones, empresa del señor Eduardo Agustín Duarte, quien junto con su padre, Agustín Duarte, fueron los proveedores estrella de Friedmann, quienes se alzaban con todas las licitaciones durante su gestión.

MINISTERIO PÚBLICO TAMBIÉN DILATA

El caso presidente de la “Comisión Antilavado”, Friedmann fue denunciado por los pobladores de Villarrica. Se formalizó incluso una denuncia por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, en diciembre del año pasado. Sin embargo, la investigación que está a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz, prácticamente está congelada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.