El supervisor de la Contraloría General de la República (CGR), Miguel Galeano, explicó que en toda evaluación, se comunican las observaciones a la institución afectada, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene cinco días para presentar su descargo.

Posteriormente la Contraloría elabora su informe final y la entidad auditada cuenta con un plazo de 30 días para presentar un plan de mejoramiento.

Cuando las inconsistencias son netamente administrativas el plan puede bastar para corregir las irregularidades, sin embargo, cuando hay indicios de hechos punibles, estos se derivan a otra dirección especializada de la CGR que es la que eventualmente remitirá los informes a la Fiscalía.

La recomendación para ellos es que deben resolver esa observación y deben presentar un plan para resolver el problema.

“No creo que con el plan les baste para solucionar”, dijo el auditor Miguel Morales en comunicación con Gen y advirtió que el dictamen jurídico recomendó la profundización de los posibles hechos punibles.

Por su parte el ministro de Desarrollo Social desmintió las irregularidades por 69.119 millones de guaraníes que reportó la Contraloría y aseguró”no es tanto así”. Sostuvo que ya presentó el descargo de cada punto y que obtuvo dictamen favorable.

ALGUNAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME

Una diferencia de G. 1.632 millones entre la cuenta “deudores por venta de terrenos” y el registro en el balance general; además de 26.721 millones en concepto de intereses a devengar y vencidos no registrados en el balance general.

La registración contable de la cuenta “Terrenos” y la cuenta “Deudores” por venta de terreno por G. 39.831.521.100, y la falta de registro contable de los contratos activos del programa Tekoha por G. 382.043.166.

En cuanto al programa Tekoha se observa el incumplimiento del pago a los beneficiarios desde la firma de contrato por 11.235 millones de guaraníes.

Respecto a Tekoporä, la Contraloría menciona que el Ministerio de Desarrollo Social continuó autorizando pagos a fallecidos en las cuentas del Banco Nacional de Fomento.

Además, no se retiraron G. 4.619 millones correspondientes a este mismo programa, lo que refleja la falta de acompañamiento a los beneficiarios. Se necesitan guías en 106 distritos.

No se dio prioridad a las zonas con mayor incidencia de pobreza como Caazapá, que teniendo un 39,5 % de índice de pobreza recibió 31.511 millones frente a Caaguazú (de donde es oriundo Mario Varela) que con el 34 % de índice fue beneficiado con 50.725 millones.

Sobre la veda pesquera se encontraron desembolsos tardío por 6.823 millones de guaraníes y una falta de pagos por G. 36.210.000

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.