Por Rossana Escobar M. – rossana.escobar@nacionamedia.com

El informe de la investigación de oficio que abrió la DNCP, tras las publicaciones periodísticas de La Nación consta de 33 páginas y culminó hace unos días. Con la serie de irregularidades detectadas y que confirman la presencia de limpiadores fantasma o “mau” en la ejecución del contrato de G. 73.364 millones, se abrió un sumario a los tres proveedores mencionados. El caso también se deriva a la Contraloría General de la República para el análisis de posibles hechos punibles y de intervención al Ministerio Público.

El primer caso más sonado entre los limpiadores “mau” o fantasma se dio al conocerse a Miguelina Brítez de Martin, la humilde excocinera de la familia Palumbo, a quien hicieron figurar como parte del plantel de limpieza del IPS, sin embargo, la mujer de 65 años aquejada de salud jamás agarró una escoba en la previsional.

La señora, fue empleada doméstica del proveedor hace unos años, pero figura en la planilla de personal de la licitación que, si bien Palumbo quiso atribuir a “un error”, el informe de la DNCP le dio con un caño ya que estos formularios de prestadores de servicios deben ser actualizados conforme a la ejecución del contrato. De haber un “error” debieron corregir.

IPS Y EL GUIÑO

Así también la DNCP, subraya que el IPS “incumplió con la carga de los indicadores del contrato, por lo que se recomienda el deslinde de responsabilidades en el orden administrativo en relación con los funcionarios intervinientes en el procedimiento de contratación”.

La señora Miguelina, figura incluso con remuneración en la licitación. “Se comprueba que, pese a la negación realizada por el Sr. Alberto Raúl Palumbo Zaldívar, de que la Sra. Miguelina Brítez Vda. de Martin, haya sido afectada al servicio de limpieza del IPS, del FIS presentado con la contestación, se verifica que en el mes de enero obtuvo una remuneración de Gs. 2.747.188″, remarca la investigación de la DNCP.

Informe de la DNCP revela que doméstica de los Palumbo figura con remuneración en licitación de IPS.

“Se remiten los antecedentes al Dpto. de Sumarios, a fin de que analice si la conducta de la firma POTI Servicio Integral de Limpieza de Alberto Raúl Palumbo Zaldívar, puede ser subsumida en alguno de los supuestos establecidos en el art. 72 de la Ley”, dice la DNCP.

En cuanto a los docentes que figuran en el Formulario de Identificación Personal (FIP) de la empresa Potî, el proveedor justificó que aparecen allí “porque no han sido dado de baja”. Y que para asegurar la publicación periodística debió valerse del Formulario (FIS) que es el Formularios de Informes de Servicios Personales.

Cabe señalar que el FIP es un formulario que presenta el proveedor de limpieza contratado en el que declara el plantel que tiene asignado para el servicio, mientras que el FIS es el trabajo que realizó el empleado. Gravísimo, porque estos docentes que figuran en el formulario FIP tienen años de antigüedad en el Ministerio de Educación y dijeron a nuestro medio que jamás estuvieron vinculados a las empresas de Palumbo.

Se trata de Arnaldo Sosa Gómez, un profesor de Matemáticas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de la Escuela Básica 3.225 de la zona de Kurusu de Hierro, con 95 meses de aporte como docente, pero su nombre fue presentado como parte de plantel de limpiadores de Palumbo.

Otro caso es el de la profesora Gloria Raquel Maciel, una docente del Colegio República Argentina de la ciudad de Encarnación con 258 meses de aportes en el IPS como funcionaria del Ministerio de Educación quien también negó rotundamente haber sido empleada de Palumbo en su vida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.