Pablo Seitz, explicó que el lunes se dispuso la apertura de las investigaciones; el primero con respecto al contrato de provisión de mascarillas, además del proceso vinculado por el proveedor en común y que sería un contrato de servicio mantenimientos de radioayuda.

Señala que esto a su vez, estaría vinculado a otro proveedor, en el marco de un consorcio y que sería el mismo que suministra las mascarillas.

En ese sentido, indicó que se realizaron el análisis de ambos contratos; como la regularidad del proceso, es decir la adjudicación y la ejecución final.

“Ambos contratos están en proceso de investigación y verificación”, acotó.

Reiteró, que agentes del Ministerio Público allanaron las oficinas de la Dinac y requisaron una serie de documentos. No obstante, hizo hincapié en que todos los llamados licitatorios deben aparecer en el portal de Contrataciones Públicas, mencionando que la información de ambas empresas, están en el capítulo de “Sistema de información de Proveedores del Estado”, por lo que el trabajo por parte de la entidad continuará.

Hasta el momento, se cruzaron todos los datos de estas dos empresas, para analizar si el proceso se realizó de acuerdo al marco legal de acuerdo a lo que establece la Ley.

Recalcó que dicho llamado se hizo antes de la vigencia de la Ley de Emergencia, efectuados según las reglas de la licitación pública que sería -el servicio de radioayuda- y otro procedimiento que se llevó a cabo en vía de excepción con la Ley ya dispuesta.

En cuanto si es posible contratar empresas cuyos dueños tengan vínculo familiar, Seitz dijo que si en un inicio no existió competencia en los mismos ítems ofertados, no habría inconvenientes, salvo caso de que las empresas compitan en el mismo rubro, lote o unidad de adjudicación.

“Si están participando en el llamado pero en ítems diferentes, en productos diferentes y no hay competencia entre sí de las empresas vinculadas inicialmente, no sería un problema (si son familia)”, enfatizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.