La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios de Salud Pública, mencionó a la radio Universo 970 AM que dos pacientes ya fueron derivados al sector privado mediante el convenio que empezó a implementarse ante la saturación por casos Covid-19 en el sector público, donde la ocupación de las camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) llega al 95% en todo el país. En el privado la ocupación es del 68%.

Ambos pacientes son del área Central. A uno de ellos se logró estabilizar y ya volvió al sector público. Mientras que el otro sigue internado en un sanatorio privado porque su cuadro continúa inestable.

“Hay mucha cantidad de pacientes que están en la delgada línea que requieren pasar a terapia intensiva. Fácilmente, contando dos o tres hospitales, son como 60 pacientes o más que están en esa franja. Hay mucho movimiento de pacientes, esa es una realidad que debemos afrontar. Hay mucho más de lo que nos gustaría”, dijo la entrevistada.

La directora comentó que hasta ahora cerraron convenio con siete sanatorios privados y así consiguieron 67 camas de UTI en Central e interior del país. Aclaró que la cifra puede subir, dependiendo de la disponibilidad en otros centros asistenciales privados. Estimó que se podrían llegar a las 100 camas disponibles, pero es muy dinámico porque depende de los sanatorios.

El convenio entre el servicio público y el privado establece que el paciente sea trasladado e internado hasta lograr que se estabilice y luego retorna al hospital público. La internación en el privado posee una duración de 15 días para cada paciente, aunque puede extenderse en casos excepcionales cuando la situación así lo requiera. Cada día de internación en UTI en los privados le costará al Estado unos 13 millones de guaraníes.

Pintos aclaró además que el compromiso no incluye a aquellos pacientes que ya están internados en los sanatorios privados y que no pueden solventar el costo de la internación. En estos casos, necesariamente el paciente debe ser llevado al servicio público. “Ocurre mucho esto, por lo menos dos veces a la semana tenemos esto. Se tarda uno o dos días para conseguirles lugar”, agregó.

El acuerdo solo está dirigido a los pacientes internados en sala común del sector público que necesiten ingresar a la UTI cuando su vida corre peligro pero ya no exista cama disponible.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.