Los ministros Alberto Martínez Simón y Antonio Fretes desde el año pasado se encuentran realizando una serie de diligencias en el marco del proyecto de implementación de la herramienta “Inteligencia Artificial” dentro del Poder Judicial.

En este caso, la propuesta apunta a aplicar un software especial dentro de la gestión de la Sala Constitucional de la Corte, primeramente en un módulo experimental.

Se trata de “Prometea”, un sistema de inteligencia artificial que combina detección inteligente, predicción, asistencia inteligente y automatización utilizado para “optimizar exponencialmente procesos burocráticos”, de acuerdo a la descripción en su página oficial.

Esta herramienta de origen argentino ya ha sido aplicada con éxito en diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, la Fiscalía General en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Constitucional de Colombia, entre otros.

En entrevista con Universo 970 AM, Martínez Simón comentó que pretenden conseguir apoyo del exterior para poder financiar su adquisición y así no incurrir en gastos para el Estado. De no lograr dicho objetivo, se tendrían que utilizar necesariamente los recursos propios de la Corte.

La inteligencia artificial sería una ayuda para la resolución de cierto tipo de procesos que son muy repetitivos o predecibles, explicó. “Hay ciertas presentaciones que se hacen en gran cantidad, entonces lo que queremos desarrollar es un software que ante la presentación de solicitudes idénticas o similares prepare una respuesta estandarizada que le proponga el juez, entonces él hará la revisión del caso y si se adecua a lo que corresponde firma la resolución que ya está preparada por el sistema”.

La eventual implementación de “Prometea” contribuiría a reducir de forma considerable la mora judicial, además de beneficiar no solo al Poder Judicial sino a otras instituciones como el Ministerio Público o la Defensoría General de la República, afirmó el ministro de la CSJ.

Se espera que en el primer semestre de 2020 ya se cuente con una autorización y con el modelo de la herramienta que iniciará su fase de pruebas en la Sala Constitucional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.