La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Can­dia y Carolina Llanes, ratificó la condena administrativa del Banco Central del Paraguay (BCP) contra el banco Atlas y sus directivos por haber pre­sentado fuera de plazo los reportes contables de los fidei­comisos administrativos de la citada entidad bancaria. Los altos magistrados revocaron la resolución del Tribunal de Cuenta primera sala que en el 2019 dejó sin efecto la deter­minación adoptada por el BCP.

Con la resolución de la máxima instancia judicial queda firme la multa contra el banco Atlas, que tendrá que pagar 50 salarios mínimos mensuales. Igualmente los directivos del banco recibie­ron una sanción de 5 salarios mínimos. Los condenados son Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas; Jorge Eduardo Men­delzon Libster, vicepresi­dente; y los directores titu­lares Santiago Llano Cabina, vicepresidente segundo; Eleno Concepción Martínez Duarte, Juan Carlos María Martín Colmán, Celio Tun­holi, Ignacio Andrés García, Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique.

De acuerdo a los anteceden­tes del presente caso, el direc­torio del BCP a través de las resoluciones N° 20 de fecha 15 de junio del 2017 y N° 16 de fecha 6 de julio del 2017 deci­dió sancionar a la mencionada entidad bancaria y a sus res­pectivos directivos por incu­rrir en irregularidad trans­grediendo el artículo 90 de la Ley 489/95.

Esta resolución adminis­trativa fue recurrida por el abogado de banco Atlas, César Coll. El tribunal de cuentas había revocado la determinación adoptada por el BCP. Debido a la pre­sente resolución el asesor jurídico del BCP, Horacio Codas, recurrió a la CSJ buscando dejar sin efecto la resolución del órgano juris­diccional administrativo. Ante esta situación la sala penal de la Corte revocó la determinación adoptada por el tribunal de cuenta y confirmó la condena admi­nistrativa para Banco Atlas y sus directivos.

OTRA CONDENA

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había confirmado una grave sanción contra el banco Atlas SA y para cada uno de sus directivos por la sospe­chosa actuación en una ope­ración de fideicomiso entre la firma Emprendimiento Urunaga SA y la citada enti­dad financiera.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.