La Caja Negra

El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por manejos irregulares de los fondos durante la administración de Vicente Bataglia, del Gobierno de Mario Abdo Benítez. Para ello arrimó los resultados de una consultoría externa contratada por la institución que analizó la administración del fideicomiso y concluyó que existieron irregularidades, como inconsistencias y hasta descalce financiero por obras no previstas.

Uno de los informes, que fue elaborado por la consultora Griselda María Irala en enero de este año, aborda las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fondos del fideicomiso de administración y el pago de “Fondos de Salud”.

En ese sentido, se detalla en el escrito que, en agosto del 2017, el Consejo de Administración de la previsional resolvió autorizar la operación del Fideicomiso de Titularización, Administración y Pago “IPS- Fondo de Enfermedad y Maternidad” con el Banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Bancos, el IPS firmó el contrato en diciembre de 2017 con la entidad bancaria de los Zuccolillo.

El objetivo de esta operación, según el documento, era obtener una fuente de financiamiento alterna para realizar inversiones inmobiliarias consistentes en la construcción o refacción de hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en beneficio del Fondo de Enfermedad y Maternidad; además de aplicar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, en inversiones rentables, mediante la adquisición de los títulos del fideicomiso.

El contrato en cuestión sufrió modificaciones mediante dos adendas, una en mayo del 2018 y otra en diciembre de ese mismo año. En el marco del acuerdo, el Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el Banco Atlas, el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes, en el porcentaje que corresponde al Fondo de Salud.

Mientras que el Banco Atlas emitió cuatro títulos por G. 828.800 millones que fueron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre de 2017 por G. 324.500 millones, la segunda en diciembre de 2018 por 230.000 millones, la tercera en julio de 2021 por G. 140.000 millones y la cuarta en octubre de 2022 por G. 134.300 millones. Estos títulos tienen una vigencia de 20 años cada una.

Según datos proveídos por el Departamento de Inversiones, a diciembre de 2023, del total de las emisiones de G. 828 mil millones de este fondo, fue recuperado alrededor del 17%, equivalente a G. 141 mil millones.

Conforme al documento realizado por la consultora contratada por el IPS, en relación al fideicomiso se concluyó que, si bien la operación se realizó en el marco de la ley, convendría efectuar un análisis más profundo respecto al riesgo de iliquidez que implica el cumplimiento de las cláusulas referentes a las transferencias diarias de las recaudaciones del Fondo de Salud al Fiduciario, y la restricción del uso de esta partida durante el plazo de devolución por parte del mismo.

Según el informe, se incumplieron varias cláusulas contractuales, como por ejemplo, el destino de las colocaciones conforme a los fines establecidos, al asignar el dinero a otras obras de la previsional no previstas en el contrato. En ese sentido, no se pudo evidenciar ninguna documentación relacionada con la reprogramación o modificación del contrato, que respalde los fondos asignados a obras distintas a las presupuestadas. De acuerdo a lo manifestado por las responsables de las áreas de Infraestructura y de Mantenimiento del IPS, varias de estas obras no estarían concluidas; existiendo Certificados de Obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias, mientras los recursos del fideicomiso se hallan prácticamente agotados a esta fecha.

Además, en la conclusión se menciona que varios certificados de obras fueron firmados por funcionarios no autorizados del IPS. En documentos enviados al Banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del Director de Mantenimiento, cuando debería ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irregularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

Otro punto detectado fue la omisión de la obligación de la previsional de comunicar eventos que pusieran en peligro los flujos de fondos futuros. Esto ante la advertencia hecha por el banco sobre desviaciones considerables en los flujos de fondos recibidos, comparados con los flujos proyectados, en porcentajes del 18,7% para el año 2021, y del 22,03% para el año 2023.

Así también, se evidencia que, como consecuencia de la ejecución de obras no previstas inicialmente en el contrato, se incurrió en un descalce financiero en la ejecución del fideicomiso.

Por estas irregularidades, la recomendación dada fue solicitar un Dictamen Jurídico sobre las eventuales consecuencias legales respecto a los incumplimientos hallados y registrar las obras que se ejecuten en el marco de este contrato.

INVESTIGACIÓN FISCAL TAMBIÉN APUNTA AL SECTOR PRIVADO

El fiscal Néstor Coronel indaga sobre las irregularidades detectadas en esta auditoría externa encomendada por el IPS, institución que realizó la denuncia ante el Ministerio Público por el aparente mal uso de los fondos públicos en el periodo 2020 y 2023.

De acuerdo con el interviniente, el IPS depositó el dinero en bancos para su administración y luego al recibir de vuelta parte del monto, destinó a otros conceptos fuera de los previstos en el contrato. Por esta situación, no descarta en la investigación la conducta de los bancos involucrados, al ser los administradores del dinero. Durante la pesquisa se irá determinando los hechos cometidos e individualizando a los responsables, de acuerdo con el agente.

La denuncia hecha por la previsional evidencia el despilfarro que se acostumbró a realizar con el dinero de los asegurados, mediante negocios muy beneficiosos para los bancos, entre ellos Atlas de los Zuccolillo, grupo empresarial que hizo una abierta campaña a través de su diario ABC Color en contra de la iniciativa que propuso la creación de la Superintendencia de Pensiones, mediante la cual se podrá fin al mal uso de los fondos jubilatorios.

“Vinimos prometimos, y en menos de 15 días, CUMPLIMOS”, destacó Reichardt, quien indicó que a pedido de los vecinos se logró concretar un mejor sistema de iluminación para las cuadras del barrio.

Señaló que no se utilizó un solo guaraní del Estado ni de su bolsillo, ya que la acción fue posible gracias a la gestión realizada.

“Siguiendo nuestro compromiso de invertir la mayor parte del aporte del sector privado a nuestro proyecto, en obras sociales que beneficien a la comunidad, y NO en grandes lanzamientos, ni costosas publicidades”, agregó.

Este nuevo sistema de iluminación para el barrio también trae consigo una mayor seguridad para toda la zona.

Richard Reichardt, hombre de confianza del precandidato a intendente, Camilo Pérez, lanzó semanas atrás su preandidatura a concejal de Asunción por el movimiento Honor Colorado.

Reichardt suma importantes logros en el Comité Olímpico, bajo la dirección de Camilo Pérez, como los Juegos Odesur, los Juegos Panamericanos Junior y la designación de sede de los Juegos Panamericanos 2031, ganando la pulseada a Río de Janeiro.

Como cada jornada de lluvia, este domingo se repitió las escenas de raudales, vehículos bajo agua y gente tratando de no ser arrastrada por la fuerza del agua.

Una de las imágenes del domingo fue la que se dio en la avenida Pastora Céspedes, en San Lorenzo, donde al menos tres vehículos quedaron totalmente bajo agua, mientras sus ocupantes trataban de salir del habitáculo.

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También en San Lorenzo, uno de los puntos complicados fue la avenida De la Victoria, donde sufrieron el temporal los automovilistas y motociclistas.

Las intensas lluvias se dieron especialmente en el área metropolitana y también en Asunción.

El acuerdo fue suscrito por Antonio y Diane Espinoza, quienes realizaron la donación; Raúl Gauto y Yan Speranza, presidente y director ejecutivo de la FMB; y Paola Martínez, directora ejecutiva del MUCI.

“Junto a Diane estamos muy contentos de poder entregar esta hermosa propiedad a la Fundación Moisés Bertoni y al Museo de Ciencias, porque sabemos que realmente podrán abrir este espacio al público y convertirlo en una herramienta didáctica para muchas personas”, expresó Antonio Espinoza.

Este paso histórico consolida una alianza institucional orientada a la conservación de la naturaleza con un enfoque centrado en las personas y el aprendizaje.

La preservación de Aguapey cobra especial relevancia en un contexto de creciente presión urbana sobre la cuenca del Lago Ypacaraí. La protección de este territorio contribuye directamente a la conservación de ecosistemas clave y a la provisión de servicios ambientales esenciales para miles de personas que habitan en el área metropolitana de Asunción.

Además de su valor ecológico, la gestión proyectada para la reserva integrará conservación, educación ambiental e investigación científica, promoviendo la conexión de niños, jóvenes y adultos con la naturaleza y fortaleciendo la conciencia sobre el cuidado del territorio.

Durante la formalización del acuerdo, representantes de las instituciones destacaron el carácter colectivo de la iniciativa y su proyección a largo plazo.

“Muchos niños crecen hoy en espacios reducidos. Necesitan lugares donde puedan abrirse, aprender y conectarse con la naturaleza. Esta donación también es una oportunidad para ellos”, aseveró Raúl Gauto, presidente de la Fundación Moisés Bertoni, subrayando que la alianza no solo protege un espacio natural, sino que consolida un compromiso intergeneracional con la ciencia, la educación y el ambiente.

Por su parte, Paola Martínez, directora ejecutiva del Museo de Ciencias, destacó el sentido de responsabilidad que asumen con la gestión del espacio:

“Nos consideramos custodios de un espacio sagrado y tomamos con absoluta seriedad ese llamado. Queremos que todas las familias del Paraguay puedan venir a encontrar experiencias memorables de aprendizaje”.

Esta acción reafirma que las alianzas entre la sociedad civil, la ciencia y el sector privado son clave para proteger territorios estratégicos, y demuestra que la conservación es posible cuando existe una visión compartida y sostenida en el tiempo.