La Casa Presidencial informó que se trató de un encuentro privado entre ambos mandatarios, en el marco de una visita Costa Rica de Benítez, que tuvo como fin principal participar como observador el jueves en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre una demanda contra Paraguay.

“Durante el encuentro, ambos gobernantes hicieron un repaso de la relación bilateral y las posibilidades de cooperación en materia de medioambiente y descarbonización, entre otros”, indicó la Casa Presidencial costarricense en un comunicado de prensa.

En la visita de cortesía a la Casa Presidencial de Costa Rica, el presidente paraguayo estuvo acompañado de su esposa, Silvana López Moreira, al igual que el gobernante costarricense estuvo acompañado por su esposa Claudia Dobles.

“Ambos mandatarios habían coincidido previamente en noviembre del año pasado, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Antigua (Guatemala), ocasión en que el gobernante costarricense le extendió a Abdo Benítez la invitación para realizar una visita de Estado”, explicó el comunicado oficial.

En la reunión de este viernes, Alvarado le reiteró a su homólogo paraguayo la invitación para que efectúe una visita de Estado, la cual se llevará a cabo posiblemente en junio próximo, según la información oficial.

El presidente paraguayo estuvo presente el jueves durante toda la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, evento que se extendió por unas 10 horas.

El caso se relaciona con la supuesta responsabilidad del Estado de Paraguay por la alegada desaparición temporal y torturas sufridas por los activistas del grupo izquierdista Patria Libre Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, en el año 2002.

La demanda señala que estas personas fueron desaparecidas temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los torturaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

El Estado paraguayo asegura que esa versión es falsa y que los denunciantes tienen como objetivo obtener un beneficio económico y evadir los cargos por secuestro.

En la audiencia el presidente de Paraguay se hizo acompañar de una comitiva gubernamental de alto nivel y de personas víctimas de secuestros en su país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.