El titular de Salud relató a Radio 730 AM que la capacidad de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) está llegando al límite en los hospitales como Ingavi (IPS), INERAM, Hospital Nacional de Itauguá, centros de referencia para la atención de pacientes con Covid-19.

“Estamos al tope de las camas de terapia, sobre todo en los hospitales de referencia. Si bien es cierto que tenemos todavía camas disponibles en el país en general, los de referencia están con exigencias máximas. Todavía hay oportunidad de cierto crecimiento, pero es complejo por factores que tienen que ver con dotación de recursos humanos”, expresó.

El alto funcionario indicó que continúan avanzando y para hoy estaría previsto el cierre con el sector privado, una forma de apoyo, mientras buscan la manera de seguir creciendo en la terapia intensiva del sector público.

Consultado sobre la posibilidad de reconvertir las camas intermedias a intensivas, Mazzoleni respondió que ese trabajo es relativamente rápido y es parte de la estrategia, según mencionó, hay camas de urgencia que se terapizan, incluso esa medida ya se llevó a cabo en algunos hospitales a lo largo del país. Así también las salas de reanimación que tienen la misma intención de estabilizar pacientes y se utilizan respiradores más compactos, para luego trasladarlos a las unidades de terapia intensivas formales.

“Esa es la estrategia que en estos momentos utilizamos y estamos también ya en la compra de más respiradores”, apuntó.

Indicó, a su vez, que la “estrategia de guerra” en términos de recursos humanos, los terapistas que son de formación en este ámbito dirigen a grupo de médicos con el conocimiento del ambiente de cuidados intensivos. “Todo eso forma parte de la estrategia que vamos a seguir desplegando de acuerdo a nuestra capacidad”, declaró.

Subrayó que hasta el momento a ningún paciente con coronavirus le faltó una cama con respirador a pesar del volumen de afectados que hay actualmente y señaló que se encuentran cerca de la planificación inicial en relación a la cantidad de respiradores.

En cuanto a los insumos, medicamentos y reactivos, reconoció que la compra de los mismos pudieron hacerse de manera más rápida. Igualmente la reingeniería de recursos humanos lleva un tiempo debido a su complejidad y sostener las terapias también deben ser planificadas.

Sobre lo que sucede actualmente en el país con el aumento de casos, el ministro sostuvo que este pico era un escenario posible en todo momento, incluso muchas personas cuestionaron el apuro sobre la medida de cuarentena implementada en marzo pasado y que afectó especialmente a la parte económica.

“Este mismo escenario estaba proyectado a fines de abril, principios de mayo y lo fuimos empujando para esta época”, refirió.

Por último, dijo que lo importante es enfocarnos en los elementos que funcionan en el marco de la lucha contra el Covid-19 y citó 3: la cuarentena, el testeo y rastreo de pacientes, y las medidas sanitarias como el uso del tapaboca, distanciamiento social y el lavado de manos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.