A una semana de haberse iniciado las clases presenciales en algunos colegios para estudiantes de los últimos años de la Educación Media, Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), afirmó esta mañana que una estudiante del colegio Defensores del Chaco de Isla Pucú era portadora del virus del SARS-CoV-2 y que esta contagió a la profesora guía, a los demás docentes y a la directora, publica hoy La Nación.

Ante la denuncia, Robert Cano, viceministro de Educación Básica, desmintió las afirmaciones de Marecos, a quien pidió pruebas de lo manifestado sobre la estudiante que contagió COVID-19 a la comunidad educativa. Aclaró incluso que el colegio nacional Defensores del Chaco de la localidad de Isla Pucú, Cordillera, no abrió sus puertas a sus alumnos.

“Tenemos tres denuncias ya. Una de ellas en el colegio nacional Defensores del Chaco, Isla Pucú, Cordillera, donde una alumna se va a la institución, le contagia a la profesora guía, a los demás profesores y a la directora. Están todos en cuarentena porque se le detectó COVID-19 a la estudiante. La hermana de la mamá de la alumna falleció en estos días”, afirmó esta mañana Marecos.

Lamentó que la decisión de enviar a los estudiantes del colegio sea producto de la mera terquedad de Eduardo Petta, ministro de Educación, lo cual pone en riesgo la vida de miles de personas, no solo de los alumnos, sino también de los docentes y personal de las instituciones educativa, ya que no hay jabón, no hay alcohol en gel, no hay insumos, no hay lavandina, no hay nada, señaló.

Tras sus declaraciones, Cano manifestó: “Ese colegio no está abierto. Sigue desarrollando las clases virtuales; es más, tengo un reporte de la dirección de esa institución donde se habla justamente que no ocurrió tal cosa. Ocurrió un caso en la comunidad de Isla Pucú, pero no en el colegio. Me gustaría que por favor este señor me traiga mañana las pruebas de que efectivamente esa estudiante fue al colegio y contagió a todas esas personas”, respondió Cano a Marecos,/ durante el programa “TV al aire”, del Trece.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.