El medicamento Remdesivir no forma parte del listado básico de Salud Pública ni se encuentra incluido en el protocolo de tratamiento de coronavirus pero sí es prescripto y utilizado en pacientes que sí tienen recursos económicos compran la droga por pedido médico.

Debido al alto costo del fármaco, ronda los G. 1.800.000 por ampolla, las familias que no tienen la forma de costearlo recurren a polladas y rifas en un intento por ofrecer esa alternativa para el ser querido que está librando batalla contra el COVID-19.

Las autoridades sanitarias aseguran que al no tener la certeza de que este fármaco cura el virus no será incluido en el tratamiento estándar de pacientes. La Doctora Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles afirmó en contacto con Universo 970 que no está comprobado que funciona para reducir la mortalidad y en ese contexto es mencionado como una posible terapéutica pero como no es seguro que cura no puede ser incluido en el tratamiento.

“Si el ministerio optar por incluir va a tener indicaciones precisas y lo que no debería ocurrir es que yo familiar presione para que se le prescriba o yo médico que quiero que mi paciente se salve me salte las especificaciones, ahí empiezan los errores, es un trabajo de conciencia colectiva”, manifestó.

Egea destacó que el MSP debe proveer un tratamiento óptimo y que esté demostrada su eficacia y los familares deben ser conscientes del uso el limitado poder del fármaco así como los profesionales médicos deben ser responsables a la hora de prescribir un fármaco con esas características.

“Le diría a los médicos que no prescriban si el paciente no puede comprar porque no estamos seguro que le servirá y tiene sus criterios por ejemplo para un paciente crítico, intubado ya no será beneficioso y así no hacerle pasar a la familia la odisea de conseguir. No es el medicamento milagroso que están creyendo”, agregó.

Por su parte, el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud afirmó que la evidencia firme detrás de que tenga un impacto importante todavía está en discusión.

“Por eso todavía no hacemos la compra. Por ahora no existe suficiente peso para que nosotros compremos desde el lado de Salud. El nivel de evidencia es relativamente bajo en cuanto a su efectividad”, afirmó en contacto con la 730 AM.

Mazzoleni afirmó que se realiza un análisis costo efectivo pero también el análisis de la calidad de evidencia científica y hasta ahora la que se tiene es que acorta los tiempos de estancia hospitalaria.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.