En su investigación, Galván propone utilizar herramientas de la telemedicina asistidas por un sistema de inteligencia artificial (IA) a través de la tomografía axial computarizada (TAC) del tórax del paciente sospechoso de infección y, de esta manera, se hace más simple la derivación de los pacientes a los hospitales destinados a la atención de personas con COVID-19 o a sus domicilios para guardar cuarentena, según cuadro clínico.

Esta herramienta podría utilizarse también para la monitorización de la evolución de los pacientes con casos graves de la enfermedad en localidades con déficit de equipamientos y de profesionales especializados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como tamizaje o cribado “la presunta identificación de una patología aún no reconocida mediante la aplicación de pruebas, exámenes u otros procedimientos que pueden realizarse en forma rápida”. El tamizaje no pretende sustituir al diagnóstico, sino priorizar aquellos casos con signos y síntomas de la patología de interés; de esta manera, se facilitan el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, y se evitan traslados innecesarios de pacientes con sospecha diagnóstica de coronavirus.

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“Esto permite reducir las aglomeraciones en los centros especializados y optimizar el uso de los limitados recursos disponibles. Las personas con un resultado positivo o sospechoso de infección por coronavirus deben ser remitidas a un médico para el diagnóstico y tratamiento oportuno”, señaló Galván a su paso por Tribuna, Paraguay TV.

En ese contexto, el Departamento de Ingeniería Biomédica e Imágenes del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (IICS-UNA) en colaboración con la Dirección de Telemedicina y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) llevó a cabo el estudio para evaluar la factibilidad de utilización del sistema para la detección rápida de la COVID 19.

El estudio se realizó a 3514 pacientes con sospecha diagnóstica de COVID-19, en 14 hospitales a nivel nacional. La mayoría de los pacientes tenían entre 27 y 59 años, seguidos por los mayores de 60 años. Los hallazgos más frecuentes fueron neumonía grave, neumonía bilateral con derrame pleural, enfisema pulmonar bilateral, entre otros.

Además del Dr Pedro Galván, el grupo de investigadores estuvo integrado por José Fusillo, Felipe González, Oraldo Vukujevic, Ronald Rivas, Luciano Recalde, José Ortellado, Juan Portillo, Julio Borba y Enrique Hilario.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.