El testimonio de la joven Sara Benítez es de terror. Su papá estuvo 10 días internado y su abuela, 26 días en la clínica La Vero, ubicada en pleno centro de Asunción, donde ambos recibieron un tratamiento alternativo de ozonoterapia rectal para “curar” el Covid-19.

La denunciante comentó en entrevista con radio UNO 650 AM que el Dr. Aurelio Espínola, propietario de la clínica, era el médico de cabecera y amigo cercano de hace años de su padre. “Mi papá cuando tenía cualquier molestia consultaba con él y fueron muy amigos durante mucho tiempo”, indicó.

Primero su abuela comenzó a presentar los síntomas del Covid-19 (fiebre y cansancio). Como los hospitales públicos estaban abarrotados y los privados exigían elevadísimos montos de dinero para la internación, decidieron trasladarla a la clínica La Vero. “Mi papá le lleva con su doctor de confianza. Unos días después mi papá comenzó a presentar síntomas leves y también quedó internado en observación”, relató.

De acuerdo con Benítez, en el sitio llevaban adelante tratamientos alternativos por recomendación del doctor Aurelio Espínola, quien en todo momento garantizó a la familia de los resultados que obtendrían. “Nos dijo que él también se sometió al tratamiento cuando estuvo al borde de la muerte y que se recuperó. Ante la fe y confianza ciega que tenía papá en él, se hizo los tratamientos”, agregó.

Lo llamativo del caso, según resaltó la denunciante, es que los informes que recibían a diario de la clínica eran muy buenos, pero cuando veía a sus parientes no mostraban mejoría alguna, sino que lo contrario, cada vez estaban peor.

“Todos los días era una promesa distinta y mentira. Nos mintieron todos los días, nos dieron falsas esperanzas, no sé si falsificaban los análisis donde nos mostraban que estaba todo bien, que iban evolucionando. Queríamos sacarles de la clínica, pero el Dr. Aurelio siempre nos decía que ya estaban bien, ya se recuperaron de la enfermedad y ya iba a salir del alta. Creíamos en la palabra del doctor que nos mintió todo el tiempo”, sostuvo.

Su abuela Miguela Barriocanal Benítez (72) sí recibió el alta luego de 26 días de internación. En el informe de la clínica se dejó constancia de que la paciente ya estaba en óptimas condiciones y solo necesitaba descansar. Sin embargo, al verla muy deteriorada, la llevaron al sanatorio Santa Bárbara para practicarle estudios preventivos. Los resultados fueron totalmente diferentes a los que habían recibido de la clínica La Vero. La mujer fue internada en ese centro privado y al quinto día se produjo su deceso.

En el caso de su padre, la joven comentó que en todo momento le insistían para llevarlo a otro sitio al ver que no mejoraba su condición. “Le decía: ‘papá, vamos”, pero él me decía: ‘Aurelio es mi amigo, no me va a mentir’”, recordó. A pesar de su negativa, comenzaron a buscarle sitio en otro lugar. Finalmente lo trasladaron al Hospital Nacional de Itauguá sin haber conseguido el alta de la clínica privada, cuyo informe final fue que “tenía solo 22% de infección en los pulmones, crisis de ansiedad y solo requería intubación preventiva durante tres días para que su cuerpo descanse, porque ya estaba en óptimas condiciones”.

Sin embargo, según contó la joven, el reporte médico dado por el hospital público fue devastador. “Desde un principio nos dijeron que no tengamos ninguna expectativa de vida. El primer reporte del hospital fue sepsis pulmonar. El segundo fue de shock séptico. Nos dieron 0,0% de esperanza de vida”, lamentó.

La familia Benítez Barriocanal ahora pide explicaciones por el fallecimiento de ambos parientes que fueron internados en una clínica que no estaba habilitada para el efecto y que utilizaba tratamiento experimental sin ningún aval científico hasta el momento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.