Una mujer, cuya identidad resguardamos, contó a la redacción de Hoy Digital su caso, luego de que su esposo ingresara al sanatorio La Costa – Artigas por problemas en su salud tras contraer Covid-19. Explicó que decidió llevarlo ahí porque son asegurados de Asismed y no cuentan con el seguro de IPS.

“Al ingresar me pidieron que compre Remdesivir. Como otras personas me comentaron que compraban el medicamento de otras farmacias porque la que pertenece al sanatorio vende más caro, yo pregunté si podía hacer eso y los encargados me dijeron que sí”, refirió.

Siguió contando que corriendo salió a rebuscarse y en horas de la madrugada fue sola, con dinero en mano, a buscar en las farmacias que están en inmediaciones del Hospital de Clínicas. En una de ellas consiguió ampollas de la mencionada droga a G. 1.300.000 cada una.

Grande fue su sorpresa que al volver al sanatorio privado, los encargados le explicaron que ya no se permitía ingresar medicamentos de farmacias externas. “Ya no admiten que se compren medicamentos en otro lugar, a no ser que no haya en stock”, dijo.

“En el sanatorio privado es más caro, pero la vida de mi marido está primero y entonces acepté que le den el Remdesivir de la farmacia de ahí. No sé cuánto me saldrá, no me dijeron oficialmente, pero se maneja que sale entre 1.900.000 a 2.000.000 cada ampolla. Juegan con la vida de las personas, no sé si esperan meterle a terapia, ahora no sé si le dieron ya el medicamento porque no me dan ningún reporte”, comentó.

PIDEN A PRIVADOS DEJAR DE FACTURAR EN PANDEMIA

El doctor Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria, lamentó que los sanatorios privados condicionen a los familiares de los internados a comprar los medicamentos de sus farmacias y no permitir que busquen otras opciones más accesibles. “Dejen de facturar a costilla de la desesperación de la gente”, dijo al tomar conocimiento de otro caso que se expuso en las redes sociales, donde una mujer pedía urgentemente algún comprador porque en el privado le rechazaban los medicamentos comprados de otro sitio.

Otros internautas se preguntaron por qué los sanatorios privados no permiten el ingreso de medicamentos que no sean de su propio stock. “Si fuera en otras circunstancias tendría más lógica, pero en pandemia donde ya no hay lugares en los hospitales públicos, donde muchos quedaron sin trabajo, o por lo menos vendan a un precio razonable… 3 o 4 millones de diferencia es mucho para el tiempo que estamos pasando”, esgrimió una ciudadana en Twitter. “En estos momentos críticos, los sanatorios privados deberían permitir que se adquieran medicamentos de alto costo de afuera. Por una vez en su vida piensen en la gente y no en el lucro”, dijo otro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.