El senador Enrique Riera brindó detalles del caso del avión venezolano-iraní en su paso por Paraguay en mayo pasado, 20 días antes de ser retenido en Buenos Aires. “Tenía autorización para estar ocho horas y se quedó tres días”, indicó en diálogo con Infobae; al tiempo que adelantó que pedirá a la Comisión de Lavado que convoque al vicepresidente Hugo Velázquez para que explique sus supuestos vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.

“El avión derivó en un potencial caso de lavado”, expresó el legislador; quien detalló que exigirá que se investigue qué hicieron los 18 tripulantes en territorio paraguayo. “Se alojaron en nuestro país, no se sabe para qué vinieron, ni con quién hablaron. Se supone que tuvieron protección, de acuerdo a lo que manifestaron testigos. El oficialismo apunta a que sólo vino a comprar cigarrillos. Sin embargo, apareció una denuncia de René Fernández (ministro anticorrupción) de que el avión llevaba algo más: armas y dinero”, subrayó.

“¿Cómo no preguntaron quiénes son, a qué vienen y qué tiene el avión? Hay muchos cabos sueltos. Otra cosa que se supo es que el avión intentó bajar de nuevo en Paraguay. En Argentina -el 6 de junio- mostraron lo que se podría haber hecho en Paraguay: detener el avión, a los tripulantes y abrir un proceso. Nuestras autoridades tienen muchas preguntas que responder”, continuó.

Consultado sobre las supuestas relaciones de Velázquez con Hezbollah, Riera fue tajante: “Hay demasiados elementos para pensar que el vicepresidente tiene vínculos con Hezbollah”. E indicó que pedirá que se lo convoque para explicar su relación con el grupo terrorista.

“Vamos a pedir que convoquen a Velázquez a declarar a la Comisión porque hay un detalle no menor. En 2015, cuando era fiscal adjunto del Alto Paraná, hubo un caso muy grave de mega lavado y curiosamente se archivó. Ese año, el mismo fiscal -en versión diputado- fue invitado a El Líbano. En ese viaje apareció una foto en la cubierta de un yate con altos mandos de Hezbollah. En 2018, el actual vicepresidente era candidato. La oposición lo denunció por vínculos con el lavado de dinero y con Hezbollah. Eso no trascendió porque luego ganaron la interna (Abdo-Velázquez) y posteriormente las elecciones. Es una relación de siete años que pasó cuando era fiscal, luego diputado y ahora vicepresidente”, remarcó.

El portal Aurora Israel, uno de los medios israelíes en español más importantes, recordó el último jueves que en ese viaje el actual vicepresidente de Paraguay se reunió con los principales líderes del movimiento terrorista islámico, entre los que se destaca el líder espiritual de Hezbollah, Sayid Ali Hijazi; Abdel Majid Saleh, miembro del Parlamento Libanés; y Nawwaf Moussawi, también parlamentario libanés y representante del grupo extremista.

De acuerdo a lo remarcado por el medio israelí, Hijazi es un apellido muy conocido en Paraguay. En agosto del año pasado, el comerciante brasileño descendiente de libaneses, Kassem Hijazi, fue detenido y extraditado a pedido de Estados Unidos, que lo acusaba de transferir millonarias cantidades de dinero provenientes del narcotráfico. Según el Departamento del Tesoro, el acusado “es el presunto jefe de una organización de lavado de dinero basada en Ciudad del Este”.

Asimismo, el gobierno norteamericano sancionó a Hijazi y a otras dos personas, así como a cinco empresas, por su participación en un sistema de lavado de dinero en la Triple Frontera. Analizando posibles conexiones, las autoridades no descartan que Hijazi tenga vínculos familiares con el líder espiritual de Hezbollah con el que se reunió Velázquez en Beirut.

Hugo Velázquez se reunió con altos mandos de Hezbollah en El Líbano (Aurora Israel).

Sobre la Comisión de Lavado, que tendrá la tarea de investigar todo esto, Riera explicó a Infobae que se constituyó hace menos de 10 días y está integrada por tres senadores y tres diputados. “Normalmente hay dos caminos. Vamos a hacer una llamada al director de la Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) y además se va a citar al director de Aduanas y a la directora de Migración. El segundo camino es solicitar a los colegas (los demás legisladores) que ellos sean formalmente citados a una Comisión de Lavado de Dinero que se constituyó para eso y que estaba investigando el tema”, dijo.

Y concluyó: “Podemos solicitar la presencia de cualquier autoridad nacional para que dé explicaciones, y también hacer pedidos de informes. Ninguna persona se puede resistir a la convocatoria, sino sería denunciada”.

El jueves pasado, Paraguay confirmó que un piloto iraní del avión retenido en Argentina está vinculado con terroristas e investiga al resto de la tripulación. En conversación con este medio, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, narró que “las sospechas nacen a partir de la investigación de inteligencia que se hizo sobre las nacionalidades y vinculaciones de la tripulación del avión”.

Se trata del piloto del avión retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, quien tiene relación con la Fuerza Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La secretaría de inteligencia de Paraguay alertó que los demás iraníes seguirían siendo empleados de la aerolínea Qeshm Fars Air, sobre la cual pesan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser propiedad de Mahan Air, también sancionada por Washington.

Imagen de los allanamientos en Argentina (Maximiliano Luna)

El jefe anticorrupción paraguayo indicó que los 18 tripulantes del avión -11 venezolanos y 7 iraníes- “estuvieron durante tres días calendario en Paraguay” y “se alojaron en el hotel Dazzler de Ciudad del Este” el pasado mes de mayo.

En esa línea, la Embajada de Israel en Paraguay aseguró que los tripulantes del avión trafican armas para Hezbollah. “En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah de El Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denunció la sede diplomática el miércoles a través de un comunicado.

El avión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), compañías sancionadas por el Departamento del Tesoro norteamericano.

La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y dos días después despegó hacia Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.