El comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, fue consultado este martes por radio Universo y canal Gen sobre la poca presencia de los uniformados en las calles. Si bien dijo que siguen trabajando de la misma forma, reconoció que tienen varios casos de aislamiento por casos positivos detectados en sus entornos familiares, como así también algunos agentes con Covid-19.

Además, comentó que de las 300 motocicletas que habían sido donadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la administración anterior, actualmente 40 están fuera de servicio. De estas, 20 tienen problemas de transmisión y las otras 20 fueron protagonistas de accidentes de tránsito y requieren de un arreglo más importante, pero su institución no posee el presupuesto suficiente.

Ante esto, hace cuatro meses solicitó a la EBY, a cargo de Nicanor Duarte Frutos, los fondos para cooperar, pero hasta ahora no hubo respuesta positiva. “En febrero enviamos la solicitud, hasta el momento no recibimos respuesta, me dijeron que sigue en proceso. Este año no recibimos presupuesto de la EBY”, acotó el uniformado.

Ruiz Díaz precisó que por el momento están supliendo las 40 motocicletas fuera de servicio con otras que estaban 0km, pero insistió que necesitan reparar las que están con problemas, atendiendo que dentro de tres meses egresarán nuevos agentes del grupo Lince y requerirán movilidad para patrullar las calles.

Sobre la creciente ola de inseguridad, el entrevistado aseguró que en estos momentos las autoridades policiales están buscando nuevas estrategias para atacar los puntos sensibles que necesitan mayor atención, como zonas de mucha circulación.

Entre los casos más sonados que se vivieron recientemente figura el del joven que se salvó del Covid y fue asesinado por delincuentes cuando volvía a su casa tras sacar un préstamo del banco para pagar sus gastos médicos; el salto a una mujer y la aparición de un hombre que la ayudó, y el disparo que recibió otro hombre cuando intentó ayudar también a una mujer que era víctima de dos motochorros en Asunción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.