El abogado José Domingo Almada, querellante en el proceso penal que soporta Matías Raúl Bilbao, acusado por el crimen de Olga Feliciangeli, hermana de la conocida periodista Mina Feliciangeli, indicó a Hoy Digital que cuentan con suficientes elementos de prueba contra el procesado que deberá someterse a un juicio oral en la causa que investiga el condenable crimen.

Precisó que con la querella adhesiva van a probar la responsabilidad del sujeto investigado y que pedirán que sea aplicada la máxima pena de 30 años de cárcel más otros 10 años como medida de seguridad para el procesado.

“Contamos con testimoniales, informes técnicos, tenemos la certeza de la responsabilidad del sujeto en este homicidio, la certeza plena. Él representa un peligro para la sociedad, hay numerosos antecedentes de sus actuaciones. Una semana antes de este crimen de Olga, él había atacado brutalmente a un sereno de una construcción, le llegó a propinar varios golpes con machetes. Al día siguiente del asesinato de Olga, el hombre asaltó a una mujer en la calle para arrebatarle su celular”, indicó el letrado.

La familia Feliciangeli sigue aún con mucho dolor ante la partida de la mujer, pero confía en el trabajo del Ministerio Público, y en que los jueces harán justicia, de acuerdo con el abogado.

“Olga era una mujer de 74 años, estaba en la seguridad de su casa, cuando este hombre ingresó cobardemente antes de las 5:00 (de la madrugada) le encontró acostada y le dio 16 a 17 apuñaladas, le mató directamente en la cama. Una señora que no podía defenderse, estaba acostada, dormida. Aprovechó la indefensión de la víctima, por eso pediremos la máxima pena para el presunto criminal porque se tienen varios elementos de prueba que determinan la responsabilidad de Bilbao en el hecho de homicidio doloso”, resaltó por último el entrevistado.

Matías Raúl Bilbao Fassardi está imputado por los hechos de homicidio doloso y robo agravado y guarda reclusión por la causa en la que está sindicado como el principal sospechoso. Durante su detención, se encontraron pertenencias de la víctima, identificadas por la familia; además, se obtuvieron imágenes de circuito cerrado que lo ubican en la zona del crimen.

Tras la identificación de Bilbao, el mismo relató que es adicto a la cocaína desde los 11 años, e incluso, había solicitado ser devuelto a la cárcel de Tacumbú, en donde hasta abril del 2020 se encontraba preso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.