El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó Emanuel Eduardo Dos Santos, apodado “Liba” o “Tato”, supuesto miembro del grupo criminal “Primer Comando Capital” (PCC), quien se encuentra recluido en la cárcel de Posadas, Misiones (Argentina). Éste se encuentra implicado en el brutal asesinato de Ever Alfredo López Giménez (48), peluquero, en Ciudad del Este.

Según la investigación, López Giménez fue asesinado de 30 puñaladas el 24 de enero de 2022. En ocasión, salió de su casa y tras abordar un vehículo, le dijo a su hermana que iría realizar un corte de cabello a domicilio.

Sin embargo, tras estar varios días desaparecido, su cuerpo fue hallado en aguas del Río Paraná en la zona de Iguazú (Argentina), por miembros de la Fuerza Naval del vecino país. Tras el estudio forense, se pudo confirmar que el fallecido fue atado de manos y cuello antes de ser ultimado y arrojado al cauce hídrico.

Pese a las tareas investigativas realizadas en su momento por las autoridades tanto de Paraguay como de la Argentina, no se pudo identificar en principio a los asesinos. No obstante, el 15 de febrero de 2023, la Gendarmería Nacional detuvo al presunto homicida. Fue durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional Nº 14 en la localidad de San José, provincia de Misiones.

En aquella oportunidad, el brasileño iba en un camión de carga con bandera paraguaya, procedente de Encarnación, guiado por Igor Adrián Franco Centurión. En el momento, Emanuel Dos Santos se identificó y presentó un documento a nombre de Julio Ariel Rodríguez.

Durante una inspección del vehículo y de los ocupantes, los intervinientes encontraron en poder del encausado una pistola calibre 9mm, de la marca Glock, con munición en recamara, 16 proyectiles en total, lista para efectuar disparos.

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Siguiendo con el control de la documentación, el personal de criminalística constató que la cédula que portaba el sujeto a nombre de Julio Rodríguez es apócrifa.

Posteriormente, al solicitar información internacional, las autoridades argentinas constataron que el sindicado se trataba de Emanuel Eduardo Dos Santos con antecedentes delictivas en su país de origen.

Por este caso, la Justicia Argentina abrió una investigación contra él por el supuesto hecho punible de uso de documento adulterado o falso.

Se realizó una pericia de los dos teléfonos celulares que tenía en su poder el brasileño. En una de las imágenes extraídas del móvil, se observó que el momento en que Emanuel Dos Santos ejecutó de 30 puñaladas a un hombre que se encontraba arrodillada, maniatada y amordazada, que más adelante se confirmó que se trataba del peluquero.

A raíz de esta situación, el Juzgado interviniente de la Argentina autorizó iniciar comunicaciones con sus pares de Paraguay a fin de intercambiar informaciones relacionadas con el hecho criminal.

En ese sentido, el 15 de marzo pasado, INTERPOL comunicó a la Unidad Nº 4 de Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado de Asunción el caso y el fiscal Lorenzo Lezcano remitió los antecedentes a la Unidad Nº 4 de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Luis Trinidad, quien investiga el brutal crimen.

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Finalmente, el fiscal Trinidad presentó la imputación contra Emanuel Eduardo Dos Santos y requirió su rebeldía.

La Justicia de nuestro país solicitará próximamente la extradición del encausado, quien en mayo próximo deberá enfrentar juicio oral en la Argentina por el proceso que le siguen allá, según informó el representante del Ministerio Público.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.