El paraguayo Damián Lezcano Mendoza tiene experiencia en enfrentarse a la Justicia y a la cárcel en Argentina. El constructor y prestamista de 70 años, detenido por el femicidio de Nancy Videla, fue condenado en 2003 por asesinar a otra mujer. Según los registros a los que pudo acceder Infobae, un tribunal de la Matanza le dictó una pena de tres años por el homicidio que se produjo, según el fallo, en el contexto de un exceso de la legítima defensa. La pena la cumplió completa en el penal de Lisandro Olmos. Luego, recuperó su libertad en 2005.

El antecedente con el que cuenta Lezcano Mendoza se produjo el 14 de agosto en 2002, cuando asesinó en La Matanza a una mujer llamada Encarnación Aguilar Pintos. Si bien no está claro cómo sucedieron los hechos, UFI N°2 consideró que se trató de un exceso en la legítima defensa en la causa registrada con el número 147001.

A raíz de esto, el constructor fue enjuiciado por el Tribunal Oral y Criminal N°2, a cargo en ese momento de la jueza Graciela de Palo, en el año 2003. El resultado de ese juicio fue la condena a tres años y tres meses de prisión por el homicidio de Aguilar Pintos. La baja cantidad de años tiene que ver, justamente, con que el tribunal entendió también que se había atenuantes.

Sin embargo, Lezcano Mendoza ya estaba purgando su pena desde el mismo momento del asesinato en el penal de Lisandro Olmos por orden del Juzgado de Garantías N° 2 de la zona.

Según los documentos, el hombre recuperó finalmente la libertad el 13 de noviembre del 2005. Un mes antes, un oficio judicial le consultaba al Ministerio de Seguridad bonaerense si existía algún tipo de pedido de captura pendiente. Como la respuesta fue negativa, fue liberado.

La condena al ahora detenido por el asesinato de Nancy, fue confirmada el 22 de septiembre del 2009 por la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense. En esa oportunidad, los jueces consideraron que el crimen se trató de un exceso en la legítima defensa.

“Es común, y más aún en esos años, que una persona sea condenada, que cumpla la prisión y que recién varios años después aparezca la confirmación o rechazo de Casación como sucedió en esta oportunidad”, explica un abogado con largo recorrido por distintos tribunales de Buenos Aires.

El documento judicial que acompaña esta nota aporta otro dato interesante para el proceso penal que se inició contra Lezcano por el femicidio de Nancy: “Le informo que la pena antes mencionada venció el día 13 de noviembre del 2005, operando la caducidad registral el día 13 de noviembre del 2015″. Esto se da porque a los 10 años, los antecedentes de una persona condenada se borran.

Según los vecinos de la ciudad Ingeniero Budge, donde se encuentra la vivienda en la que fue encontrado ayer el cuerpo de Nancy Videla, luego de recobrar la libertad, Lezcano Mendoza se metió de lleno en el negocio de la construcción de viviendas humildes en esa zona junto a otros familiares. En los registros públicos figura como parte de una firma dedicada justamente a ese negocio junto a Ambrosio Lezcano Coronel e Inés Lezcano Coronel. El primero, hermano de Damián, falleció hace algunos meses.

En cuanto a la investigación por el femicidio de Nancy, el juez Diego Slupski indagará al acusado Lezcano. La indagatoria se hará de manera virtual, con el imputado desde su lugar de detención. El magistrado del caso lo imputa por el delito de femicidio criminis causa. Se cree que habría intentado abusar de la mujer. Al no lograrlo, la mató.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.