En entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media, los abogados Ricardo Preda y Jorge Rolón Luna hicieron una lectura del proyecto de Ley planteado por el senador colorado Enrique Riera, además de los legisladores Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen, referente a la penalización por el cierre de las rutas.

Al parecer de Preda, el hecho de cerrar rutas e impedir la libre circulación figura en el Código Penal bajo la carátula de Coacción. La normativa propuesta plantea incluir la pena en un artículo sobre la seguridad en el tránsito, sin embargo, esto no es válido para el abogado, porque impedir la circulación no afecta la seguridad en el tránsito, sino que lo hace en la libertad de los ciudadanos de desplazarse libremente, según su apreciación.

“Esta modificación ya es irregular. La redacción de esta propuesta es sumamente confusa e incorrecta porque modifica un numeral dentro de un inciso, estableciéndole un marco penal de seis años, pero esto implicará que también afecte a los demás numerales, por ejemplo, si el semáforo no funciona en una ciudad, un intendente se expone a la pena de seis años. Se deja un texto muy peligroso, porque puede criminalizar conductas que no tiene relevancia penal”, argumentó.

Preda sostuvo además que el problema de los cierres de rutas no es la ley, sino que la Policía Nacional no actúa para despejar las rutas. Recordó que una coacción grave tiene una pena carcelaria hasta 3 años de privación de libertad y que puede aumentar incluso a 4 años. “En el caso de cierre de rutas, si hay 100 conductores varados, hay 100 coacciones graves cometidas”, agregó.

Por su parte, el abogado Jorge Rolón Luna coincidió que el proyecto Riera tiene un severo, grave e insoluble problema de constitucionalidad porque no está prohibido utilizar los lugares públicos de tránsito para una protesta. “Es lo que en la jerga del derecho constitucional se denomina guillotina constitucional, porque corta de raíz la posibilidad de avanzar hacia esa dirección, al derecho penal concretamente”, dijo.

“Tengo mis serias dudas acerca de que si esto ya está penalizado porque en el artículo 216 se establecen las sanciones para los peligros cometidos en la seguridad en el tránsito”, argumentó.

“Es importante que la discusión sea jurídica. Hay que hacer un análisis de fondo y uno ve que eso no existe en este caso. La explicación que da Riera de su texto hace aguas por todos lados”, agregó.

El proyecto pretende elevar a 6 años de pena privativa de libertad a quienes cierren rutas. El planteamiento se dio luego de que los camioneros amenazaran con cerrar nuevamente las rutas en protesta por el tema de combustible.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.