El economista Darío Muñoz resaltó que es económicamente razonable y moralmente correcto que se elimine el sueldo mínimo legal vigente del Paraguay. “Lo que la gente necesita es que el sueldo mínimo sea eliminado, no aumentado, porque este control de precios impide que trabajadores con pocas habilidades laborales vendan sus servicios laborales más barato y así poder tener al menos un ingreso”, comentó.

El economista explicó que al eliminar se podrán establecer los precios con el libre mercado, para que así todas las personas puedan ofrecer sus servicios, ya sea teniendo o no estudios. “El sueldo mínimo es lo peor que le pasó al más necesitado porque impide que este acceda a un trabajo”, según consideró Muñoz.

Señaló que los profesionales altamente calificados, que ofrecen servicios laborales diferenciados, ganan muy por encima del sueldo mínimo porque los consumidores o compradores están dispuestos a pagar por estos servicios calificados porque tiene cierta preferencia hacia un perfil profesional. Por otro lado, la diferenciación también puede que no sea por el lado de las altas habilidades laborales, sino por el simple hecho de que tal trabajador es de “confianza”, según indicó.

Por otra parte, están los servicios laborales no diferenciados, conocidos como “manualidades”. “Los que son proveídos por personas de escasas habilidad laborales, trabajadores con bajos niveles de educación. Los trabajadores que ofrecen sus servicios laborales no diferenciados no tiene poder de precio sobre el consumidor (empresa) y no les queda otra que competir en precio para concentrar la venta de sus servicios laborales. En este segmento los servicios laborales son estándares donde al consumidor (empresa) le interesa conseguir los servicios laborales sin importar quien los ofrece. Por lo general los trabajadores de servicios no diferenciados ganan igual o por debajo del lo que hoy llamamos vulgarmente sueldo mínimo”, explicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.