Denuncia Falsa (art. 289 del C.P.), Simulación de Hecho Punible (art. 291 del C.P.), Persecución de Inocentes (art. 310 del C.P.), Asociación Criminal (art. 239 del C.P.) y Usurpación de Funciones Públicas (art. 241 del C.P.) son los tipos penales incluidos en la denuncia presentada hoy ante el Ministerio Público por el abogado Pedro Ovelar, en representación de Horacio Cartes.

Los antecedentes mencionan como primer punto a la conformación en el 2018 de la Comisión Bicameral de Investigación para indagar sobre el comportamiento del brasileño Darío Messer, a pedido del Frente Guasu.

Pese al rótulo de dicha comisión, el único objetivo de principio a fin, fue el expresidente Horacio Cartes, pues, su apellido es mencionado 207 veces y la mayoría de las preguntas se relacionaban a él.

El claro propósito, según Cartes, fue construir un informe final a partir del cual se le imputen conductas que ameriten abrir procesos penales en su contra, como de hecho sucedió en Brasil, donde posteriormente, la justicia finalmente falló a favor de Cartes.

En enero del 2019, Arnaldo Giuzzio, todavía en el cargo de ministro del Interior, denunció a Cartes ante la Seprelad por hechos falsos, hablando de un esquema de lavado de dinero vinculado al exmandatario.

Primera hoja de la denuncia presentada por Pedro Ovelar, abogado de Cartes.

Aquella denuncia involucra competencias de otro órgano estatal como la Seprelad, donde se establece el deber secreto de sus funcionarios sobre las investigaciones en curso.

Esto también fue posible, mediante la afinidad política entre Giuzzio y el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui.

En febrero del 2022, cuando Giuzzio fue convocado por la Comisión Permanente del Congreso para responder sobre su gestión, Giuzzio terminó haciendo una exposición contra Cartes y contra uno de los grupos empresariales al cual estaba ligado en ese entonces.

Ese 7 de febrero, la Fiscalía, presionada por estos hechos, dispuso la apertura de una causa en contra de Cartes.

El 14 de mayo del 2022, seis días antes de que salga el informe de Seprelad, la senadora Deisrée Masi publicó que ya estaba leyendo dicho informe.

Por su parte, Mauricio Espínola, secretario de Mario Abdo, publicó los datos de la Seprelad en la fecha de su emisión.

Además, la planilla referida a Óscar Boidanich, sobre los pagos que recibió de Tabesa, algo que ya fue mencionado por Abdo Benítez el 8 de mayo en un acto público.

El 22 de julio del 2022, René Fernández Bobadilla, ministro Anticorrupción, denunció a Tabesa por asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, sin que ningún organismo haya pedido información a Tabesa.

Esta vinculación se pretendía realizar con el avión iraní de la empresa Emtrasur, para el transporte de productos de la tabacalera.

La designación de Estados Unidos en julio del 2022 y sanción de la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro son otros casos mencionados.

“Tengo la plena convicción, basada en evidencia clara y categórica, de que fueron tomadas como consecuencia directa de información manipulada y generada dolosamente desde el Paraguay”.

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En enero pasado llegó la sanción de la OFAC por supuestamente haber participado en corrupción desmedida en socavo de las instituciones democráticas.

Todas estas acciones, según menciona, buscaron producir restricciones de la libertad política y económica de Horacio Cartes.

Es innegable, que todo fue parte de una gran confabulación, a través de la filtración de datos, sin ninguna relevancia si se los analiza correctamente, pero que en manos de los perseguidores contribuyeron a generar juicios y sanciones, a través de la total violación de normas de confidencialidad y debido proceso”, concluyó Ovelar.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.