Así lo aseguró Carlos González, portavoz de la Coordinadora de Extrabajadores de Itaipú y Contratistas, tras mantener una entrevista sin resultados con representantes del Ministerio de Trabajo.

“Desde el Ministerio de Trabajo nos han pedido que levantemos las medidas de fuerza. Nosotros les ofrecemos acabar con lo más caro de nuestra lucha, que es la crucifixión de cinco compañeros, a cambio de un compromiso por escrito para resolver nuestra reivindicación”, afirmó González.

Añadió que ese compromiso por escrito del Ministerio de Trabajo serviría para mediar ante Itaipú y dar salida al conflicto laboral.

“Itaipú dice que es imposible satisfacer nuestros reclamos, porque para pagarnos los derechos laborales que incluye el protocolo necesitaría una orden judicial”, explicó el dirigente de los extrabajadores.

A la espera de avances, el lunes cerca de un centenar de extrabajadores de la hidroeléctrica protagonizaron una marcha por el centro de Asunción. Acompañaron las cinco personas clavadas.

Los “crucificados” son Roque Samudio, Roberto González, Gerardo Orué y Pablo Garcete, extrabajadores de la represa, y Rosa Cáceres, esposa y madre de exempleados de Itaipú.

Los tres primeros cumplen este martes 49 días de crucifixión, mientras que Cáceres acumula 42 días, y Garcete 29 días.

Al terminar la marcha del lunes, en al Panteón de los Héroes, el quinteto regresó frente a la Embajada y fue de nuevo clavado a las cruces sobre las que han permanecido tumbados durante las últimas semanas.

González explicó que los exobreros descartan por el momento las acciones judiciales, dado que temen “quedar atrapados en una trampa legal”. Por ello recurrieron a la “opción política”, con huelgas, manifestaciones, acampada frente a la embajada de Brasil y, en último término, las crucifixiones.

Los extrabajadores de Itaipú reclaman el pago de derechos laborales retroactivos que aseguran que se les adeudan por un convenio firmado en 1974 entre los gobiernos, entonces dictatoriales, de Paraguay y Brasil.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.